Partidos del Gran Polo Patriótico desestiman acción de la AN para deslegitimar al Presidente

Ante el llamado a sección para aprobar el antejuicio de mérito contra el Mandatario Nacional representantes de partidos del bloque patriótico aseguraron que la acción es solo una acto político sin efecto legal

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Representantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria para Todos (PPT), Unidad Popular Venezolana (UPV) y Movimiento Popular del Pueblo (MEP), desestimaron las acciones que puedan emprender diputadas y diputados de la Asambleas Nacional (AN) con el fin de abrir un antejuicio de merito contra el presidente Nicolás Maduro, en principio por considerar que esta instancia del Poder Legislativo se encuentra en desacato luego de desatender varias sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellas la incorporación de tres de los cuatro diputados del estado Amazonas electos en 2015, cuya investidura fue impugnada.

Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del PCV, desestimó cualquier decisión emanada del ente legislativo e indicó que este se encuentra en desacato, por lo que sus resoluciones “no tienen fuerza de ley” y no son vinculantes.

Para el dirigente comunista, el resultado de la sesión programada para hoy no comprometerá a las instituciones del país, y agregó: “Ese es un acto político que tiene efecto político, pero que no cumple efecto legal”.

Vladimir Miró, integrante del secretariado nacional del PPT, rechazó la iniciativa por considerar que la AN perdió su potestad de ente legislador. A su juicio, el Parlamento venezolano debe primero “recuperar su papel”, y una forma sería iniciar procesos de antejuicio contra diputadas y diputados “que han actuado contra la patria, aquellos que han ejercido su condición de legisladores para traicionar a este país”.

Entre las parlamentarias y parlamentarios con méritos para el procedimiento de antejuicio Miró señaló a Julio Borges, Luis Florido y Delsa Solórzano, parte del grupo de legisladores, quienes, a decir del dirigente pepetista, se han paseado por el mundo emitiendo comentarios “contrarios a la paz en Venezuela” y “solicitando la intervención extranjera” en el país.

SIN COMPETENCIA

Una opinión similar emitió Mario Arias, integrante de la dirección nacional de la UPV, en relación a la supuesta decisión de un grupo de exmagistrado venezolanos, quienes, dice, se adjudicaron la potestad de constituir un Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior, el cual declaró a lugar el antejuicio de mérito contra el presidente Maduro, y en Colombia ordenó la prisión preventiva del Mandatario.

Para Arias, la acción es “una puesta en escena” de “un falso tribunal” que sesiona fuera del país, por lo que no tiene ningún tipo de validez. Indicó que el único Tribunal Supremo, legítimo y reconocido en el ámbito nacional e internacional “es el que designó la Asamblea Nacional en su momento y que además fue mejorado y ampliado en el año 2014 y 2015 por la jubilación de algunos magistrados”.

En palabras de Gilberto Giménez, presidente del MEP, la iniciativa forma parte de las acciones de la oposición nacional e internacional para establecer un Estado paralelo que obedezca y sustente “los intereses reales” de quienes desconocen el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En este sentido, Giménez opinó sobre la intención de instalar un especie de Fiscalía General de la República en el exterior, la cual anuncian que será dirigida por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz. Para el militante del MEP, de constituirse, la organización “obedecerá a los intereses imperiales”.

“Reiteramos nuestra confianza en el Estado de derecho venezolano. No puede haber una doble moral, las leyes son para todos independientemente de la postura política que se tenga. El MEP ve en esto, un interés mediático de distraer la atención del pueblo venezolano en una coyuntura preelectoral”, expresó el dirigente.

A criterio de Oscar Figuera, las instituciones venezolanas encargadas de administrar justicia deberían actuar a escala internacional y tramitar la detención, la extradición, el enjuiciamiento y la prisión de quienes, “al margen de la Constitución se atribuyen competencias que no tienen”.

T/ Romer Viera Rivas
F/ Gustavo Frisneda
Caracas