El diputado socialista Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, negó que las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas en la Gobernación de Lara estén relacionadas con la campaña electoral.
Subrayó que las indagaciones en torno al uso de los fondos públicos, por parte del gobernador Henri Falcón, se suspendieron durante la campaña presidencial y se retomaron la semana pasada. Dijo que de los 321 casos que investiga la comisión, cuales seis corresponden a denuncias sobre Falcón.
“No es verdad que tenemos investigaciones sobre la base de infundio, no es verdad que la Comisión de Contraloría quiere pasar factura política, no es verdad que este señor (Falcón) es un santo, casto, puro e impoluto gobernador y está manejando con transparencia los fondos públicos. Yo creo que hay que tener vergüenza. En el caso del gobernador del estado Lara el cinismo no tiene límites”, subrayó.
Carreño enfatizó que Falcón “no puede ser gobernador de ningún estado y manejar fondos públicos; no tiene sensibilidad social”.
Refirió que entre los casos que se investigan se encuentra el proyecto de adecuación de la sede los Niños Cantores que hoy se encuentra en ruinas.
Se preguntó dónde están los 3 millones de bolívares para la rehabilitación de la estructura que se destinaría a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Según el diputado, no solo se dañó el patrimonio público porque para recuperar la estructura se necesitará invertir 12 millones de bolívares, sino que también se perjudicó a la población porque “por no haber invertido esos recursos, que fueron aprobados a través de un crédito adicional, han dejado de pasar por esas aulas 28 mil estudiantes”.
También mencionó que en el Hospital Central de Barquisimeto “no sirven los aires acondicionados, no sirven los ascensores, todo está dañado. El dinero que le envía el Ejecutivo Nacional es colocado en cuentas de la banca privada para ganar intereses”.
Recalcó que “la transparencia en el uso de los fondos públicos está asociada a la ética en la política y al humanismo de los que ejercen los cargos públicos que han entendido que esos recursos no son para que vayan a las cuentas personales de empresarios sobornadores, o de políticos comisionistas, sino que los recursos sean empleados en la satisfacción de las necesidades de las personas”.