En entrevista exclusiva a multinacional Telesur|Piedad Córdoba: Inhabilitación demuestra fragilidad de sistema democrático colombiano

La senadora colombiana Piedad Córdoba afirmó este martes que su inhabilitación por 18 años demuestra la fragilidad que tiene el sistema democrático de esa nación y la calificó como la criminalización de la lucha por la paz, de los derechos humanos (DDHH) y de la liberación de los retenidos por las guerrillas.

«La calificación es una sola palabra: criminalización de la lucha por la paz, de la lucha por los DDHH, criminilización de la búsqueda de la humanización del conflicto y la lucha por la liberación de las y los retenidos», aseguró en entrevista exclusiva a teleSUR.

Sostuvo que la decisión de la Procuraduría General demuestra la debilidad del sistema democrático colombiano, ya que la justicia se aplica «de acuerdo con los intereses, de acuerdo con los fines que pueda pretender en un momento determinado el establecimiento (ente)».

Según la Procuraduría, Córdoba, quien forma parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, «colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010».

Además, afirma que incurrió en la falta gravísima» de «fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos», según reza el Código Disciplinario Único de la nación suramericana.

Ante ésto, la senadora informó que emprenderá acciones jurídicas que, más allá de demostrar su inocencia, buscarán recuperar la institucionalidad de Colombia.

Las acciones jurídicas «tienen que ver con los recursos que tengo que interponer ante el Procurador y después de sus declaraciones (…) dan cuenta de que ya me juzgó de antemano como lo habría hecho cuando abrió la investigación»

Respecto a los recursos que interpondrá ante el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, «estoy absolutamente segura que van a prosperar (…) la recusación ante el mismo la hago porque se extralimitó en sus declaraciones», pero no espera nada por la persona que lo puede reacusar ya que «es su amiga personal».

Otra acción a llevar es «la tutela por la incompetencia de él (procurador) y revocatorio directa por nulidad ante el Consejo de Estado», reiteró que no importa cuantos años pueda durar el proceso, sino lo importante es la restitución de la institucionalidad.

FIDEL CASTRO, CHÁVEZ Y CORREA

La senadora subrayó que en Colombia se seguirá criminalizando las acciones, no sólo de los colombianos sino de «las conductas de países vecinos en la solución del conflicto».

Córdoba señaló que el trabajo de personajes como el ex presidente cubano, Fidel Castro, quien le pide al mandatario estadounidense que no tire el gatillo para llevar la guerra contra Irán, también son criminalizados.

«Es una consolidación y profundización de la criminalización de todo lo que significa acabar con la guerra», insistió.

Admitió que «se equivocó y fue ingenua» por no creer en los alcances de las operaciones de las cuales fue facultada por el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, cuando era la opositora más grande del Gobierno, «para avanzar en la búsqueda del diálogo y los escenarios de las liberaciones».

Recordó que cuando logró que el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, la recibiera para exponerle y solicitarle la ayuda humanitaria él no creyó en la estrategia colombiana.

Relató que cuando el mandatario dudó de la asignación de su facultad para llevar el proceso, la senadora le facilitó el documento en donde se exponía la autorización y Chávez afirmó «esto me huele a trampa (…) fui muy ingenua», señaló.

Recalcó que no se arrepentía  de haber creído y de colaborar con el presidente venezolano porque «gracias a él hay mucha gente libre, se comenzó un proceso que la historia lo va a calificar como es y nos permitió advertir la gran estrategia mediática que se montó en todos las acciones» que se realizaron.

La senadora también hizo mención de una tema que a su juicio «se ha tomado a la ligera por los gobernantes de Cuba, Ecuador y Venezuela» y son las intercepciones ilegales, conocidas como las chuzadas.

«Las interceptaciones ilegales que se hicieron por orden del presidente de la república anterior (Uribe) a las embajadas», de dichas naciones Latinoamericanas.

Señaló que cuando la acusan, por la presunta Comisión de delitos humanos, «lo que se está haciendo es configurar y prefigurar un acervo probatorio, que en el futuro pueda llevar a la Corte Penal Internacional al presidente Chávez o al presidente Correa o en el caso de nosotros de que yo fuera presidenta de Colombia, seguramente para podernos meter en la cárcel».

Por último, hizo énfasis en las dificultades que enfrenta su país y consideró que Colombia es el país con más desigualdad en la región.

«Colombia es la región de América con más dificultades, con más problemas, con una profunda desigualdad, siento una inmensa envidia por Venezuela, porque en manos de presidente Chávez, es capaz de rebasar las Metas del Milenio», anotó.

Lamentó el hecho de que su nación no avance ni en «la conjugación de los principios éticos», como la no presentación de las verdades de las fosas comunes en todo el país, los asesinatos de la  gente, hornos crematorios para las desapariciones».

Señaló que las actividades negativas en la nación suramericana «nos mueve y nos anima a seguir a que se acabe la guerra».

La investigación que se le sigue a la senadora tuvo origen en las supuestas computadoras halladas durante la Operación Fénix donde fue abatido el número dos de las FARC, Raúl Reyes, en el año 2008 en territorio ecuatoriano, cuando el Ejército colombiano bombardeo ilegalmente un campamento temporal de dicha guerrilla.

Las computadoras fueron entregadas al gobierno ecuatoriano, apenas asumió el poder el presidente colombiano actual, Juan Manuel Santos, pero Quito afirma que no se han podido revisar.

F/Telesur