Un plan de movilidad con más de 100 unidades adicionales activó esta semana Trolebús de Mérida (Tromerca), para contrarrestar el deliberado ausentismo de líneas y cooperativas de transportistas en las calles de la capital merideña, en la región andina de Venezuela.
«Estamos prestando el apoyo a la comunidad (…) tenemos más de 100 unidades desplegadas en la entidad y en la línea 1 del Trolebús. Es un plan exitoso», informó este jueves Simón Pablo Figueroa, presidente de la empresa Tromerca.
El portavoz del ente adscrito al Ministerio para Transporte y Obras Públicas consideró injustificada la ausencia de las líneas de transporte en sus rutas habituales, suspensión iniciada de manera unilateral el lunes 23 de enero.
Ese día, un grupo de presuntos estudiantes secuestró y quemó un autobús, en espacios de la Universidad de Los Andes (ULA).
El vehículo pertenecía a una línea que cubre la ruta entre Mérida y Apartaderos, con salidas desde el terminal José Antonio Paredes.
Las autoridades locales están abocadas a la investigación del hecho, que atribuyeron según las primeras pesquisas, a integrantes de los grupos juveniles de extrema derecha Movimiento 13 y Liberación 23, que mantienen permanente activismo y vinculación con la derecha venezolana.
¿Paralización o boicot?
Para las autoridades regionales los transportistas incumplen acuerdos vigentes, suscritos por representantes del gremio, lo que evidencia una fragmentación entre los transportistas y sus voceros.
Josant Serrano, coordinador estadal del Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) denunció que intereses políticos y no reivindicativos están detrás del llamado «paro de transporte», asumido por los trabajadores del volante.
«Es una agenda que tiene tinte político, no reivindicativo. Que busca generar zozobra al margen del diálogo», dijo Serrano este jueves en declaraciones para la emisora de radio YVKE Mundial Los Andes.
Ratificó que hay un acuerdo nacional firmado que contempla establecer un nuevo sistema de tarjeta inteligente para el pago de pasaje estudiantil, que estipula la cancelación total del pasaje de manera directa a los transportistas por parte del Estado y la exoneración transitoria del pasaje para los estudiantes, sólo con presentar el carnet.
Este último punto no ha sido acatado por buena parte de los transportistas, lo que conllevó el aprovechamiento del malestar en la comunidad estudiantil, para acciones vandálicas de marcado tinte político y desestabilizador.