«El Poder Popular es protagonista indispensable en el trabajo de darle legitimidad a la Ley de Costos y Precios Justos», expresó este lunes la superintendente Nacional de Precios y Costos Justos, Karlin Granadillo, en el programa Más temprano contigo, que transmite la emisora radial YVKE Mundial 550 AM.
Informó que desde que fue anunciado el instrumento legal, que regula los precios de 19 rubros y que entrará en vigencia el 1º de abril, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sundecop) se ha reunido con voceros del Poder Popular «para explicarles la ley y para que no se cree la cultura de que sin el fiscal no pueden hacer nada sino que, organizados, garanticen el cumplimiento de las regulaciones en sus localidades».
«Una de las propuestas que surgió de estas reuniones es que las comunidades levanten actas al local o al abasto que está incumpliendo con la regulación o denunciar a través del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis)», explicó Granadillo.
Adelantó que el 15 de marzo próximo se graduarán 160 fiscales, que se encargarán de supervisar el cumplimiento de la Ley de Costos y Precios Justos de forma constante, a través de visitas.
Durante su participación en el programa, Granadillo definió la regulación como «un acto de justicia».
«Los precios de los productos regulados tenían un comportamiento de alza constante y desproporcionada, que afectaba el bolsillo de los consumidores, que cada vez que van al supermercado van resignados o sin saber si tienen que pagar mucho más que el mes pasado por estos mismos productos».
Explicó que la reducción en los precios de 19 rubros compuestos por productos de higiene personal, hogar, jugos pasteurizados, compotas y agua mineral envasada, se basó en excluir «unos gastos que las empresas sumaban como costos al precio del producto, como por ejemplo el Impuesto Sobre la Renta o los aportes al Seguro Social, que son compromisos que debe asumir el inversionista y no el consumidor».
El incumplimiento del instrumento legal acarrea una serie de sanciones, entre las cuales se encuentran las multas. El artículo 46 refiere que la multa «será calculada sobre la base de determinado número de salarios mínimos urbanos vigentes para el momento de la comisión de la infracción».
Las medidas, que dependerán del tipo de infracción, también contemplan la inhabilitación o cierre temporal del comercio.
Asimismo, las empresas que especulen con los precios serán objeto de ocupación temporal de los establecimientos.