La Contraloría Municipal de Baruta inició, este jueves, el programa “La Contraloría va a la Escuela” con la inducción y postulación de los contralores escolares para el periodo escolar 2023-2024.
En la actividad participaron los estudiantes de la Escuela Municipal Gral. José Antonio Páez, de Baruta, e involucró a los niños y niñas cursantes de 4to, 5to y 6to grado de educación básica.
Nicolle Flores, estudiante de 4to grado resultó postulada por sus compañeros para representarlos como contralora escolar; mientras que la niña Frandelis López, fue postulada como posible contralora por el 5to grado. Finalmente, Sebastián Clemant, de 6to grado, resultó ser el estudiante con más postulaciones por sus compañeros.
La inducción fue ofrecida por servidoras públicas de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Baruta; quienes explicaron a los infantes de la Escuela Gral. José Antonio Páez las funciones del contralor escolar, y los requisitos para optar a dicho nombramiento.
Entre las cualidades que deben poseer los estudiantes para optar al cargo de contralor escolar destacan: cursar los tres últimos grados de educación básica (4to, 5to y 6to), tener alto rendimiento académico, sentido de pertenencia y compromiso por el trabajo en equipo.
Es importante resaltar que esta actividad forma parte de los lineamientos del contralor municipal de Baruta, Dr. Mario Arias Salas, cumpliendo con las directrices del contralor general de la República, Dr. Jhosnel Peraza Machado y de la Contraloría General de la República.
20 años de control escolar
El programa “La Contraloría va a la Escuela” data del año 2003; cuando se crea por primera vez en la en el estado Táchira por lineamientos del entonces contralor general de la República, Dr. Clodosbaldo Russian, con el objetivo de fomentar en las aulas venezolanas control, vigilancia y supervisión de los recursos otorgados por el Estado a las instituciones educativas.
Asimismo, nace con la finalidad de promover el principio de participación democrática y protagónica contemplado en la Carta Magna; donde también se establece en su artículo 62, el Derecho a la Participación en los asuntos públicos, de todos los ciudadanos y ciudadanas.