El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, leyó un comunicado del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que denuncia la escalada de agresiones por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, incluyendo un despliegue militar que constituye a una amenaza directa del imperio norteamericano.
El documento, dirigido a los jefes de Estado del mundo, denuncia los ataques armados contra embarcaciones civiles en el Caribe y Pacífico que causaron 104 víctimas y califica de piratería el secuestro de dos buques con petróleo venezolano.
La carta advierte que el bloqueo del comercio energético afectará al suministro mundial e invita a los gobiernos de todo el mundo a exigir el cese inmediato de estas acciones.
A continuación el comunicado Íntegro:
Caracas, 22 de diciembre de 2025
Excelentísimo
Presidente
Reciba un saludo fraterno del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, nación que hoy vive en paz, con estabilidad institucional, crecimiento económico sostenido y una firme vocación de diálogo, cooperación y entendimiento entre los pueblos, pese a haber sido sometida durante años a medidas coercitivas unilaterales y presiones externas.
Es precisamente porque Venezuela avanza, se recupera y ejerce soberanamente sus derechos, que me dirijo a Ud. para alertarle sobre una escalada de agresiones de extrema gravedad por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos efectos trascienden a mi país y amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto.
El 14 de agosto de 2025, Estados Unidos ordenó el mayor despliegue naval y aéreo en el Mar Caribe de las últimas décadas, incluido un submarino nuclear, frente a las costas venezolanas, bajo la supuesta justificación de una operación antidrogas denominada “Operación Lanza del Sur”.
Este acto constituye una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por el artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, y vulnera tanto la declaración de la Zona de Paz de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) de 2014, como el Tratado de Tlatelolco, que determina esta región como libre de armas nucleares. Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar.
Entre el 2 de septiembre y el 18 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses perpetraron 28 ataques armados contra embarcaciones civiles en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental, con un saldo de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas en condición de naufragio.
Estos hechos violan de manera directa y reiterada: el derecho a la vida (artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); los Convenios de Ginebra de 1949, que obligan a proteger a civiles, heridos y náufragos en el mar y el Protocolo Adicional I de 1977, que impone la distinción absoluta entre población civil y combatientes.
No se trata de incidentes aislados, sino de una práctica sistemática de uso letal de la fuerza fuera de todo marco legal internacional e incluso del propio marco constitucional de los Estados Unidos, donde hoy se desarrolla un intenso debate, tanto en su congreso, como en la opinión pública, que condena mayoritariamente tales acciones.
En diciembre de 2025, Estados Unidos procedió al secuestro y robo de dos buques en alta mar, que contenían aproximadamente cuatro millones de barriles de petróleo venezolano, y anunció un bloqueo naval absoluto contra los tanqueros que transportan energía venezolana.
Estas acciones constituyen actos de piratería, entendida conforme al derecho internacional consuetudinario y a la práctica codificada por las Naciones Unidas, como actos ilegales de violencia, detención o depredación cometidos en alta mar contra buques y su carga.
El objeto principal de combatir la piratería es proteger la libertad de navegación y la inviolabilidad de los buques en alta mar, lo que lo convierte en un principio universal, claramente trasgredido en estas operaciones ilegales.
Que estos actos sean ejecutados por fuerzas armadas de un Estado los hace aún más graves, pues constituyen adicionalmente:
•Actos de agresión, conforme a la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU.
•Violaciones de la Convención sobre la Alta Mar de 1958, ratificada por Estados Unidos, que reconoce la jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón.
•Ataques directos contra la seguridad de la navegación marítima y el comercio internacional, prohibidos por la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima.
La ejecución de la piratería estatal es una amenaza directa al orden jurídico internacional y a la seguridad global.
Excelencia, la historia nos ha enseñado que la inacción frente a la agresión y al desprecio por el derecho internacional tiene consecuencias devastadoras.
En la década de 1930, el silencio y la pasividad de la comunidad internacional frente al ascenso del nazismo condujeron a una tragedia humana sin precedentes: el Holocausto y una guerra mundial.
Hoy, salvando las diferencias históricas, la lógica es la misma: si se tolera el uso unilateral de la fuerza, la ejecución de civiles, la piratería y el saqueo de recursos de Estados soberanos, el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global de proporciones imprevisibles.
Venezuela reafirma su vocación de paz, pero también declara con absoluta claridad que está preparada para defender su soberanía, su integridad territorial y sus recursos, conforme al derecho internacional.
Sin embargo, advertimos responsablemente que estas agresiones no impactarán solo a Venezuela.
El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano:
•Afectarán el suministro de petróleo y energía.
•Incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales.
•Golpearán las economías de América Latina, el Caribe y del mundo, especialmente a los países más vulnerables.
La energía no puede convertirse en arma de guerra ni instrumento de coerción política.
Por todo lo expuesto, le hago este llamado de manera respetuosa y responsable, enfocando principalmente en que juntos:
1.Condenemos explícitamente estas acciones de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales.
2.Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados.
3.Activemos los mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de estos hechos.
Defender hoy a Venezuela es defender la paz, la legalidad internacional y la estabilidad del mundo.
Reciba Ud. mi más alta consideración y estima.
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela