El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, presentó este martes ante el país los programas y acciones que implementará y activará su Gobierno para apoyar a seis de los municipios que se han declarado libres de violencia, un plan de prevención cuyo objetivo es controlar a las principales bandas delictivas que operan en el país.
El Mandatario afirmó que se trata de una nueva fase de la política de prevención de la violencia y el delito, focalizando las acciones en los municipios de Ilopango, Santa Tecla, Quezaltepeque, Sonsonate, Puerto de La Libertad y Apopa.
El proyecto se enmarca dentro de la tregua que pactó hace 14 meses las pandillas “18” y “Mara Salvatrucha (MS-13)”, para cesar la guerra territorial que sostenían por el control del comercio de drogas y las extorsiones en el país.
“Con estas iniciativas damos comienzo a una nueva fase de la política de prevención de la violencia y el delito en nuestro país”, enfatizó Funes desde la Casa Presidencial.
Recordó que, meses atrás, iniciaron una “alianza sólida entre el Gobierno central, los gobiernos locales, la sociedad civil, los empresarios, las organizaciones comunitarias, los organismos internacionales y los cooperantes que nos apoyan en esta labor”.
El jefe de Estado destacó que gracias a este tipo de iniciativas se ha generado una caída abrupta de homicidios, “dejando abierta la posibilidad de efectuar un trabajo de prevención que resultaba sumamente difícil en las anteriores condiciones, con 14 asesinatos diarios”.
En la nación centroamericana el descenso de la criminalidad se evidenció tras la tregua, al punto se redujo en 52 por ciento el número de asesinatos y se ha preservado la vida a más de dos mil 500 jóvenes en un año.
“El problema del crecimiento del crimen y el delito está en la indiferencia ante las necesidades del pueblo, y sobre todo de los sectores más vulnerables, que son los jóvenes de las comunidades y los barrios más pobres del país”, advirtió Funes.
En ese sentido, lamentó que los mareros (MS-13) crecieran de unos 500, a comienzos de la década de 1990, hasta unos 600 mil hoy día, debido a la falta de respuesta del Estado. “Más de la mitad de nuestro pueblo ha padecido en ese período la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades y la marginación”, expresó.
En vista de todo ello, El Salvador destinará 33.3 millones de dólares en proyectos de salud, educación, trabajo y seguridad ciudadana, que forman parte del denominado Bases para Prevención de la Violencia.
Explicó que el primer componente del plan es la inserción socio productiva del individuo, que incluye entrenamiento y facilitación para el empleo y otras iniciativas de desarrollo. El segundo está destinado para la inserción educativa en distintas modalidades.
El tercer eje comprende una atención integral de salud, tanto física como mental; mientras el cuarto es el de seguridad ciudadana y prevención de la violencia, que incluye la organización comunitaria y la gestión de espacios públicos para el empleo positivo del tiempo.