Relacionar directamente criminalidad y conflictividad social en sus distintas formas ha llevado a un tipo de gestión reactiva y violenta en muchos de nuestros países. Por ello en democracia la gestión de la conflictividad nos obliga a estar siempre atentos ante prácticas arbitrarias que se puedan colar.
Hay una serie de principios que deberían orientar la gestión del conflicto desde una perspectiva no violenta. Estos son:
1. Debe existir una primacía de instrumentos no violentos y con historia menos abusiva (principio de ultima ratio) para abordar el conflicto.
2. No se deben utilizar componentes violentos si el conflicto no tiene ya algún componente violento que deba ser neutralizado (principio de la mínima intervención).
3. No existe conflicto que por sí solo tenga una naturaleza que implique la intervención violenta del Estado ya que la gravedad del conflicto no se mide solo por los atributos del mismo sino por la eficacia de los métodos de respuesta (principio de respuesta integral).
4. La selección de un conflicto como uno de aquellos que reclaman una intervención violenta no debe ser rígida, ya que siempre debe quedar la puerta abierta a otras formas de intervención que produzcan menor costo en términos de violencia e igual efecto social (principio de la economía de la violencia estatal).
Por otro lado, la eficacia de cualquier política de seguridad depende de su capacidad de reconocer, identificar y modificar ciertas regularidades sociales. Pero las regularidades sociales no son azarosas ni caóticas; se estructuran sobre la base de expectativas, reglas y funciones.
Veamos un ejemplo:
En el robo de vehículos (un caso) intervienen una víctima y el ladrón (personas ambos); hay una estructura de mercado de vehículos robados (sería la regularidad social). La política de seguridad debería ser la intervención en esa regularidad social (eso implica: desbaratar el mercado de vehículos robados, cortar redes de venta de piezas, intervenir determinadas zonas, desmantelar mecanismos de complicidad policial, etc.).
En conclusión: todo objetivo tangible de una política de seguridad se vincula a lograr la modificación de una regularidad social. Al igual que en el paradigma del orden, el paradigma de la atención de “casos y personas” lleva a la ineficacia de las políticas de seguridad.