“La escuela es el centro donde la comunidad realmente hace vida», expresó César Silva, miembro del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), quien acompañado de profesores miembros de esta organización respaldó la participación de las comunidades en la gestión escolar, como lo establece la resolución 058 del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Silva elogió en rueda de prensa que esta resolución establezca la responsabilidad compartida entre todos los sectores sociales del país, entre ellos consejos comunales y obreros, en la tarea de llevar adelante el funcionamiento de las instituciones educativas, «no sólo para ponerlas al servicio de la educación de los niños, sino para la comunidad”.
El portavoz de Sinafum dijo que desde ahora la escuela no será un instrumento cuyo fin último sea la formación de los niños, sino que también trabajará en la formación de la comunidad.
“La comunidad va a convertir a la escuela en el centro del quehacer comunitario, porque ahí es donde van a converger las grandes ideas y expresiones del poder popular”, precisó.
Manifestó que los que están en contra de esta resolución son las escuelas que le pertenecen al sector privado. “Los educadores del pueblo estamos en la defensa de los intereses del pueblo y de las comunidades”.
Con respecto a las escuelas privadas, indicó que alrededor de éstas existen comunidades que no tienen derecho a opinar, “es el poder económico quien dice lo que se hace y lo que se debe de hacer en ese espacio educativo”.
El pasado 16 de octubre, el MPPE emitió una resolución en la que se aprueba la creación de los Consejos Educativos, figura que sustituyen a las Comunidades Educativas, con el fin de promover mayor participación dentro de las escuelas.
Las instancias educativas buscan fomentar la ejecución de acciones dentro de las instituciones educativas, bajo los principios de defensa de una educación integral, integradora, liberadora, gratuita y transformadora.
Los Consejos Educativos se conformarán tanto en instituciones públicas como privadas para garantizar la participación protagónica en la gestión escolar y la responsabilidad compartida de docentes, comunidades, estudiantes, padres, representantes y personal directivo, obrero y administrativo.