La candidata opositora a la alcaldía de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, aseguró que su esposo el prófugo de la justicia Manuel Rosales, quien acusado por delitos de corrupción, durante su gestión como gobernador del estado Zulia, sería su “asesor de gobierno”, de ganar las elecciones el próximo 5 de diciembre.
«Reconstruiremos a la Maracaibo que todos soñamos. Ese sueño que iniciamos de la mano de un hombre (Manuel Rosales) que no está con nosotros por las injusticias que con él han cometido. Él está en el corazón de la gente y en el mío”.
Así lo manifestó la candidata este miércoles (ayer) durante la presentación de su plan de Gobierno, acto en el que se transmitió un vídeo sobre las obras ejecutadas por su esposo.
Desde que Eveling Trejo se postuló a la alcaldía de Maracaibo, su bandera política, ha consistido en destacar su vínculo con Rosales. Así lo evidencian sus declaraciones durante la campaña interna que la oposición libró en la entidad para escoger al candidato y que se caracterizó por descalificaciones mutuas y ausencia de debate entre Trejo y su contrincante, el concejal por el partido derechista Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa.
“Por llevar el apellido de Rosales me corresponde a mí dirigir el destino de mi ciudad”, manifestó el pasado 20 de octubre en una entrevista que concedió a una emisora privada.
El prófugo Manuel Rosales, quien se encuentra en Perú, está siendo acusado por la justicia venezolana por los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y otros delitos que tienen que ver con la administración de fondos públicos, durante su gestión como Gobernador del estado Zulia.
En 2002 y 2004 su declaración jurada de patrimonio registró fondos que no pudo justificar ante la Contraloría General de la República en 2009.
Manuel Rosales, también apoyó el golpe de Estado contra el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en abril de 2002, cuando firmó como Gobernador del estado Zulia el decreto mediante el cual la dictadura de Pedro Carmona Estanga derogó la Constitución, disolvió los poderes públicos y desconoció el mandato popular de los gobiernos regionales.
T/AVN