El Ministerio del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, dio inicio este lunes al proceso de ocupación temporal y administrativa por parte de los propietarios de los apartamentos del Conjunto Residencial San José del Ávila, ubicado en Caracas.
Canán manifestó que la medida fue tomada luego de los anuncios de nacionalización hechos por el Jefe de Estado Hugo Chávez este domingo, y obedece a denuncias reiteradas de irregularidades que pretendían cometer las compañías inmobiliarias, entre ellas el cobro ilegal del índice de precios al consumidor (IPC), con incrementos de hasta 300% sobre el monto inicialmente pautado.
Indicó que son ocho los urbanismos que serán ocupados temporalmente, entre los que se encuentran: Los Pinos, Ave María, Monte Mayor, Miravilla, Terrazas de Guacoco, Plaza Jardín, San José del Ávila y Thai.
Asimismo, serán expropiados seis complejos habitacionales: Lomas de La Hacienda, El Encantado, Parque Residencial Mata Linda, El Fortín, Conjunto Residencial Antonio y El Encantado Humboldt. Todos ellos están ubicados en Caracas, Miranda y Carabobo.
“El Gobierno Bolivariano ejercerá las sanciones administrativas que corresponden por violación de las leyes, con multas que pueden llegar hasta 5.000 unidades tributarias por apartamento”, expresó el Ministro Canán, al tiempo que agregó que las empresas están obligadas a devolver los montos económicos exigidos a los propietarios.
COMPRADORES TIENEN GARANTIZADAS SUS VIVIENDAS
Por su parte, Ricardo Molina, Ministro Vivienda y Hábitat, reiteró el compromiso del Gobierno Revolucionario para culminar las viviendas y garantizó a los propietarios de las residencias intervenidas, el reconocimiento de su propiedad.
“Estamos haciendo un cambio profundo para poder reorientar la propiedad privada en construcción”, expresó. Indicó que, para concluir las edificaciones, podrán intervenir constructoras privadas que quieran afrontar el trabajo d manera profesional. También podrían participar en ese proceso el Ministerio de Vivienda, las Fuerzas Armadas a través del cuerpo de ingenieros, como también los copropietarios organizados a través del Ministerio de Comercio con Indepabis.
Horacio Rengel, miembro de la sala situacional de los afectados inmobiliarios, representando a 738 familias damnificadas, agradeció la decisión tomada por el Ejecutivo Nacional por haberles permitido, luego de 2 años de reclamos constantes, tomar posesión de sus inmuebles. “Si no hubiera sido por ellos, seguiríamos en un drama interminable. Se está haciendo justicia social porque las promotoras han jugado con la necesidad de la familia venezolana”, expresó.