La Cámara Inmobiliaria de Venezuela propuso diseñar fórmulas, métodos y mecanismos que garanticen nuevas modalidades de financiamiento para la adquisición de inmuebles por parte de los arrendatarios en el país.
Tal planteamiento fue expuesto ante la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), por el presidente de la referida Cámara, Aquiles Martini, para que sean consideradas en el proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Adicional a ello, sugirió definir las características de los edificios y/o estructuras, así como los inquilinos que serán objetos del beneficio de la legislación.
Además, planteó determinar las condiciones de ventas de las viviendas a los arrendatarios que incluya el contenido de la oferta del inmueble, lapso para emitir una respuesta al respecto y el otorgamiento de compromiso de compra-venta.
Pidió precisar los parámetros para la fijación de precios que contemple ubicación de la infraestructura, condiciones de mantenimiento, servicios con los cuales cuenta y la zonificación.
Finalmente, solicitó que se puntualicen estrategias que impulsen la simplificación de los trámites para la conversión a propiedad horizontal, permisos nacionales y municipales.
ACUERDO COMÚN
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que junto a los parlamentarios están evaluando las recomendaciones expuestas por la Red de Inquilinos del Área Metropolitana y demás organizaciones sociales vinculadas con la materia, para contribuir con la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
“La idea es buscar una línea que permita que ambas partes (inquilinos y propietarios) se encuentren en común acuerdo y en respeto de sus derechos”, acotó.
Sin embargo, recalcó que la modificación del mencionado marco legal no resolverá el problema habitacional en el territorio nacional.
“Ello se resuelve buscando políticas de Estado y a través de la construcción de más viviendas”, indicó.
Enfatizó en la necesidad de establecer lazos entre representantes públicos, privados y productivos del sector hábitat, en concordancia con el Ejecutivo Nacional, para concretar acciones que den respuestas a las exigencias de los inquilinos.
SOBRE LOS DESALOJOS FORZOSOS
Aquiles Martini negó que se estén ejecutando desalojos forzosos a los inquilinos, al tiempo que desestimó que existan más de 500 familias afectadas por estas medidas.
“No existen y estamos buscando la data correcta de las personas afectadas por desalojos forzosos”, dijo.
Pese a estas afirmaciones, recientemente el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Darío Vivas, especificó que en efecto más de 500 mil núcleos familiares en Venezuela han sido objeto de desalojos.
Subrayó que estas acciones han provocado situaciones de conflictividad y confrontación entre los propietarios y los inquilinos.
“Quedando de estas circunstancias afectado el débil jurídico, porque la familia desalojada pasa a ser damnificado al no ver ninguna alternativa que le garantice estabilidad para su vivienda y seguridad”, agregó.
Vivas puntualizó que está en consideración la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para definir los derechos de los propietarios y los ciudadanos que rentan viviendas.
Jenny Labrador, vocera del Movimiento de Inquilinos por la Socialización de la Vivienda, refirió que desde la AN se están manejando los planteamientos de las organizaciones sociales para solventar la problemática.
Explicó que una de sus recomendaciones está contextualizada en la regularización del mercado primario y secundario.