Este miércoles se efectuó en el Tribunal Supremo de Justicia el acto informativo sobre la actual discusión del Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil, en donde el magistrado Guillermo Blanco Vázquez, presidente de la Sala de Casación Civil, indicó que se trata de una propuesta autóctona, enmarcada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y constituye un paso trascendental que incorpora a los civilistas en una nueva era, la de la garantía jurisdiccional, que proporcionará una justicia rápida, efectiva y de rostro humano, de amplio contenido ético, para contribuir de manera importante en el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas.
Al referirse al papel que jugarán los jueces y juezas al ser aprobada la reforma del CPC, precisó que con el nuevo proceso allí plasmado iniciarán «un recorrido a través de un sendero hermoso de la inmediación, de la oralidad, de la participación del pueblo, con publicidad de las audiencias de puertas abiertas, con un paisaje de valores, principios, postulados y garantías constitucionales que representan la base inequívoca de la refundación procesal; allí nuestros jueces resquebrajarán los viejos paradigmas, ante un nuevo rol, ante una nueva interpretación, que los hace pasar de convidados de piedra, de actores de reparto a hacedores de justicia».
Indicó que el actual CPC, que data del año 1987, representa una línea ideológica pre constitucional que afecta con sus enmarañadas tramitaciones al ciudadano común, y constituye el más rancio procedimentalismo, de corte liberal ideológico, mientras que la propuesta de reforma es un modo diferente y de avanzada, caracterizado por la oralidad, celeridad, mediación, gratuidad, inmediatez, el cual «envuelve suavemente al ser humano para conducirlo y mostrarle en suma la justicia».
El presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Darío Vivas, manifestó que el vigente CPC «responde a un modelo político de aquel entonces, un modelo de privilegios, que defendía al que más tenía, en perjuicio del que menos poseía, un modelo excluyente, que no garantizaba la justicia…ese modelo lo estamos llevando ahora a la transformación, como dice la Constitución de 1999, a la refundación de la Patria». Informó que seguirán trabajando desde el Parlamento para la pronta aprobación de la propuesta de reforma, posiblemente antes de finalizar este año.
Anunció que sostuvo una reunión con la presidenta del Alto Tribunal, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en la que se acordó que a la brevedad, de ser posible en este período de sesiones, aprobarse en el Parlamento la Ley del Estatuto de la Función Judicial, que regirá todo lo referido a los concursos públicos para el ingreso a los cargos de jueces y juezas.
Por su parte la magistrada Yris Peña Espinoza, integrante de la Sala de Casación Civil, manifestó durante su participación en el acto, que la propuesta de reforma de este cuerpo legal representa un cambio sustancial de 180° de todo el proceso en la materia, que se adapta a los postulados constitucionales, en el cual el juez y la jueza juegan un papel preponderante. «Un nuevo juez implica un cambio de paradigma porque la sociedad venezolana se merece un juez sensible, proactivo, con rostro humano, comprometido con la sociedad y con la tutela efectiva de los derechos humanos».
Estuvieron presentes en el Auditorio Principal magistrados y magistradas del TSJ, diputados y diputadas a la AN; jueces rectores, coordinadores, superiores y de instancia en materia civil de las diferentes circunscripciones judiciales del país; académicos y estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa; servidoras y servidores públicos del Alto Juzgado, representantes y voceros de los Consejos Comunales, entre otros.