La integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, Elizabeth Santos, informó este viernes, que el Proyecto de Ley de Arrendamientos de iniciativa popular, prevé las «prohibiciones expresas», las cuales protegen al inquilino en situaciones como el secuestro, la estafa entre otras.
Durante una entrevista realizada en el programa Dando y Dando que se transmite por Venezolana de Televisión, Santos dijo que «el 90% de los casos de desalojo eran aplicados bajo la vía del secuestro», razón por la cual se establece la prohibición expresa de secuestro en el Proyecto de Ley.
La luchadora social explicó que esta forma de desocupar las viviendas viola los derechos humanos, pues a su juicio, es una medida «cruel» para el inquilino, pues la mayoría de ellos al momento de la expulsión de su hogar, no saben que han tenido en proceso una demanda y en consecuencia, están siendo desalojados.
«Muchos inquilinos no sabían que tenían un proceso de demanda cuando tenían en la puerta de su casa al tribunal, derribándola y llevándose sus enseres», agregó. Por ese motivo, prosiguió, se prohíbe el secuestro en el Proyecto de Ley de Arrendamiento.
Indicó que otro tipo de situaciones como el cobro por mostrar un apartamento a un potencial inquilino, está tipificada como estafa y por ello tal práctica se prohíbe en el instrumento legal elaborado por los afectados.
También están prohibidos los anuncios discriminatorios «como los que advierten que no se alquila un inmueble a las personas con niños, ni familias con niños, o los que detallan que sólo se le alquila a ejecutivos solteros, muchos anuncios que aparecen en la prensa con características racistas».
Otra novedad de la normativa señala que en el caso de que el desalojo sea inminente porque el propietario necesita la residencia, el Estado debe proveer una vivienda. «El Estado no debe regalarla, sino que la persona tenga la posibilidad de acceder a un techo».