Diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil pidieron a la Fiscalía General la adopción de medidas cautelares contra el exmandatario Jair Bolsonaro, denunciado hoy por golpista.
La solicitud de los parlamentarios Lindbergh Farias y Rogério Correia afloró en el contexto de las investigaciones sobre el supuesto intento de golpe de Estado después de las elecciones de 2022.
Según el portal Brasil 247, la acción demanda que se prohíba a Bolsonaro salir de Brasilia sin autorización judicial, además de la imposición de tobillera electrónica y la restricción de circulación en áreas cercanas a las embajadas.
Los legisladores del PT argumentan que las medidas son necesarias ante la gravedad de las acusaciones y el riesgo de que el exgobernante intente huir del país.
«En varias ocasiones Jair Bolsonaro ha alentado públicamente la fuga de condenados por los crímenes cometidos el 8 de enero de 2023, así como la estancia clandestina en el extranjero, especialmente en Argentina», indica el documento enviado al Ministerio Público Federal.
Refiere que, con esa evasión de los implicados en los eventos antidemocráticos, se procura evitar la aplicación de la ley y las decisiones judiciales dictadas por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Mañana comienza el juicio contra Bolsonaro y otras siete personas por participar en la trama golpista.
El análisis de la denuncia se extenderá hasta el miércoles, durante tres sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la primera sala del STF, Cristiano Zanin.
Por el ambicioso propósito de mantenerse en el poder, pero posiblemente perder la libertad, el político ultraderechista fue denunciado el 18 de febrero por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de supuesto complot violento.
En esa fecha, la Fiscalía General acusó al líder de la derecha opositora de capitanear una organización criminal para imposibilitar la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones en 2022.
Juristas explican que en Brasil la ley castiga el conato golpista, incluso si la confabulación no ha tenido éxito.
Resulta infracción «intentar, con empleo de violencia o grave amenaza, abolir el Estado Democrático de Derecho» e «intentar deponer, por medio de violencia o grave amenaza, al Gobierno legítimamente constituido».
Tal ley fue sancionada por el propio Bolsonaro en septiembre de 2021.
Figuran ahora en el acta de acusación de 272 páginas, que también involucra a otras 33 personas, los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
También los crímenes de daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.