El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, indicó este miércoles que la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) no podrá cumplir con el pago a los bonistas de $57.9 millones, y cuyo plazo se vence este sábado 1° de agosto.
“El flujo de efectivo está delicado por lo que estamos estableciendo las prioridades operacionales y no vemos que haya el dinero disponible para el pago”, dijo Suárez, reseña el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, en su portal web.
Suárez indicó que el Gobierno está haciendo una serie de ajustes para inyectarle un poco de liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), de modo que pueda cumplir con el pago a los bonistas de más de $100 millones que también están pendientes para inicios del próximo mes.
El panorama plantea un incumplimiento el repago de la deuda del PFC y un posible cumplimiento en el repago de la deuda del BGF. La diferencia, según explicó Suárez, es que el BGF paga la deuda con la liquidez que posee mientras que el repago del PFC depende de los fondos del gobierno central, los cuales están limitados después de la deficiencia en caja de más de $600 millones y el cierre de los mercados de capital que impide que el gobierno tome prestado las Notas de Anticipación de Impuestos, agrega la nota de El Nuevo Día.
Con una deuda de 72 mil millones de dólares sobre tres millones y medio de habitantes, la nación puertorriqueña atraviesa una crisis económica sin posibilidades de implementar soluciones que le permitan reestructurar su pasivo.
Para buscar la forma de reestructurar su deuda, el país debería declararse formalmente en bancarrota, lo que le otorgaría protección legal frente a los acreedores, pero esto no es posible puesto que, como dependen de Estados Unidos, necesitan un instrumento legal del Congreso que lo avale.
Recientemente, un tribunal de circuito de apelaciones de Boston, Estados Unidos, declaró ilegal la bancarrota de Puerto Rico.