Argentina podría experimentar problemas de impago de su deuda externa si cumple con el fallo de un tribunal del Reino Unido que obliga a la nación suramericana a desembolsar 1.500 millones de dólares por daños y perjuicios a fondos de inversión, reporta Bloomberg al citar a abogados que representan a Buenos Aires en la corte.
El pasado año, el Tribunal Superior del Reino Unido dictó sentencia a favor de los fondos de cobertura, entre los que figura Palladian Partners. En el veredicto se establece que Argentina debe pagar compensaciones a los inversionistas por las pérdidas que sufrieron tras las modificaciones introducidas en el método de cálculo del producto interno bruto (PIB).
Empero, la decisión ha sido impugnada ante el Tribunal de Apelaciones de Londres, donde los representantes legales del Estado argentino alegaron este martes que la sentencia podría obligar al Gobierno a honrar los compromisos aun en caso de crecimiento económico nulo o recesión.
Según la argumentación escrita presentada por los abogados, el fallo de 2023 desvincula el crecimiento económico real de los bonos y relaciona inapropiadamente las cifras con un valor del PIB estimado a partir de un método obsoleto. Así, cualquier pago impuesto por vía judicial podría mermar «la capacidad de la República para servir tanto su deuda ‘vinculada al PIB’ como la convencional».
Por su lado, Sue Prevezer, abogada de Palladian, calificó de «ejercicio de ilusiones» las alegaciones presentadas por Argentina, cuyo interés sería ahorrarse el pago de los 1.500 millones de dólares que estipuló la Justicia. En la causa también figuran los fondos HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Ltd.
A inicios de 2024, el Tribunal de Apelaciones ordenó a Argentina depositar 310 millones de dólares como garantía vinculada a la celebración de la audiencia de este martes, si bien en esa ocasión el juez manifestó comprensión ante «el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades».
Caso de larga data
Los orígenes del caso se remontan a 2001, cuando la nación suramericana dejó de pagar 95.000 millones de dólares en razón de una grave crisis financiera, al tiempo que los bonos vinculados al PIB, pagaderos en el momento en que la expansión económica alcanzara un nivel prestablecido, hacían parte de un plan de reestructuración de la deuda.
Las diferencias surgieron cuando, en 2013, Argentina cambió el año base de cálculo de su PIB, una alteración que se estimó necesaria para evitar que los rendimientos de garantías hasta 2035 se fijaran a partir de datos del PIB de 1993.
De acuerdo con Bloomberg, Argentina cerrará 2024 con una contracción económica de 3,5 %, ello en el contexto del programa de ajustes macroeconómicos que adelanta la administración del presidente Javier Milei.