Todos los partidos con representación parlamentaria rechazaron ester martes la propuesta presentada por el oficialista Partido Popular (PP) para modificar la legislación hipotecaria española y frenar el drama de los desahucios de viviendas.
La agrupación liderada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expuso en el Congreso de los Diputados un borrador que aglutina en un único texto los dos proyectos de ley en trámite sobre los desalojos, considerados la cara más amarga de la crisis económica.
El PP unificó su propio proyecto, que según la oposición sigue los dictados de la banca, y una iniciativa legislativa popular (ILP) que solicita una moratoria de los desahucios y la creación de un alquiler social para las casas vacías en poder de las entidades financieras.
Arropada por casi un millón y medio de firmas, esa ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) exige también el establecimiento con carácter retroactivo de la dación en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias.
La actual norma no contempla de forma general que la entrega de la casa -lo que se conoce como dación en pago- sea suficiente para liquidar el débito adquirido con el banco, con lo cual los perjudicados están obligados a continuar abonando su crédito de por vida.
Sus promotores consideran que el texto sugerido por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara baja, no atiende a ninguna de las demandas originales de esa iniciativa ciudadana.
Criticaron, además, la negativa de la agrupación conservadora de someter la futura ley a debate y votación del plenario, por lo que será aprobada en la comisión de Economía del Congreso.
Ada Colau, portavoz de la PAH, denunció que la de los conservadores es la propuesta del caos social, económico y judicial, no entra en el fondo del problema y es un simple maquillaje.
Caos social porque da la espalda y supone una ofensa a los cientos de miles de afectados que no pueden saldar su deuda, pues el PP plantea un sistema de reducción de deudas si el desahuciado paga el 75 por ciento del dinero pendiente antes del quinto año.
Según Colau, representará también un caos económico porque no concede una segunda oportunidad de volver a empezar a los perjudicados por las expulsiones, quienes terminarán formando parte de la economía sumergida y tampoco tendrán dinero para consumir.
Y el desconcierto judicial se producirá porque las familias damnificadas recurrirán sus casos a los juzgados, tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), advirtió la activista.
En un fallo emitido el pasado 7 de marzo, la citada institución comunitaria estimó que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca vulneran la legislación de la UE de protección de los consumidores.
Desde el estallido de la crisis en 2008, se realizaron unas 400 mil ejecuciones hipotecarias en esta nación ibérica, de las cuales casi 170 mil terminaron en desalojos, de acuerdo con datos del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces.