La policía y el ejército de Tailandia reforzaron las medidas de seguridad en unas 100 localidades del país, después de dos estallidos de bombas registrados aquí, según confirmó hoy un portavoz de la junta militar gobernante.
En nombre del regente Consejo Nacional para la Paz y el Orden, el coronel Winthai Suvari, declaró que se está vigilando estrechamente la situación, en un intento por contrarrestar el temor público de un resurgimiento de ataques violentos.
Hace pocos días se reportó el lanzamiento de una granada contra la Corte Suprema Criminal, y según un parte policial, sospechosos arrestados dijeron pertenecer a un grupo que ha planeado acciones similares en 100 importantes urbes del país.
En la información difundida se concluye en que este último incidente tuvo relación con la detonación de explosivos en un centro comercial en Bangkok, en febrero pasado.
A su vez el vocero de la policía, general Prawut Thawornsiri dijo que se incrementó el patrullaje del cuerpo en los destinos turísticos al tiempo que desestimó los rumores que áreas de negocios y tiendas serán objetivos de ataques.
Por otra parte la junta militar impidió el domingo una marcha de 50 kilómetros de un denominado grupo de Ciudadanos Resistentes en reclamo de que las causas abiertas contra civiles se ventilen en cortes de justicia ordinarias en lugar de las militares.
Winthai amenazó a «quienes siguen sin entender», que enfrentarán acciones legales si violan la ley, en referencia a la ley marcial impuesta por el poder de facto, que prohíbe reuniones que considere políticas y censura a medios críticos.
Sobre este instrumento golpista vigente inversores señalaron la contrariedad de su permanencia al mismo tiempo que se impulsa el establecimiento de zonas económicas especiales en las fronteras.
El vicepresidente de este programa, en cinco áreas geográficas identificadas, Prasit Sangrungruend afirmó que la ley marcial constituye un obstáculo y cuanto menos una ambigüedad en el plan de desarrollo.