El Frente de Nacional la Resistencia contra el golpe de Estado en Honduras, reinició este jueves sus actividades en pro de la lucha para restablecer el hilo constitucional en esa nación centroamericana, exigir el cese de las violaciones de los derechos humanos y rechazar la desincorporación del país del mecanismo de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA).
La marcha, en la que participaron unas 15.000 personas, recorrió unos siete kilómetros desde la Universidad Politécnica hasta el Congreso, que estaba custodiado por unos cien policías y soldados.
«Mel, amigo, el pueblo está contigo», fue la consigna de las y los manifestantes durante la caminata en la que participaron campesinos, amas de casa, obreros, políticos, estudiantes y profesionales.
«Esta marcha ha sido un éxito, por ser la primera del presente año», indicó el líder de la Resistencia Juan Barahona.
El dirigente Rafael Alegría señaló que la ALBA propició durante el gobierno del presidente constitucional, Manuel Zelaya planes de beneficio social y económico a los sectores menos favorecidos de la nación a través de planes de lucha contra el analfabetismo, mejoras en el sistema de salud, entregas de fondos para el desarrollo y acceso a combustibles en condiciones favorables de pago.
La marcha de la Resistencia coincidió con la decisión del ministerio Público hondureño de solicitar un requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia de facto de ese país contra los militares golpistas, por abuso de poder y la expatriación de Zelaya.
Por su parte, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos rechazaron los planes del régimen de facto hondureño de aprobar una amnistía para los responsables de crímenes cometidos desde el cuartelazo del 28 de junio, al anunciar miembros del Congreso Nacional que tenían listo el decreto que absolverá a los involucrados en delitos derivados del golpe militar.
Según el jefe de la Comisión de Amnistía del Parlamento, Rolando Dubón, ya efectuaron una reunión previa con un grupo de juristas para ajustar cada fragmento del proyecto, que será sometido a votación el próximo lunes.
Mientras, continúan las acciones intimidatorias contra medios de comunicación alternativa. El pasado miércoles fue saqueada e incendiada la emisora Radio Comunitaria Faluma Bimeto, en la localidad del Triunfo de la Cruz, cercana a la ciudad del puerto de Tela.
CORTE SUPREMA DECIDIR
La Corte Suprema de Honduras debe decidir si admite la denuncia de la Fiscalía contra la cúpula militar por «abuso de autoridad» al arrestar y expulsar del país al presidente consitucional Manuel Zelaya en el golpe de Estado de junio de 2009.
Entre los denunciados están los generales Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Venancio Cervantes, comandante de la Fuerza Aérea, y Luis Javier Prince, comandante de la Fuerza Naval.
Zelaya tildó las acusaciones como «superficiales» y advirtió que se trata de un «truco» para que los jefes militares implicados en el golpe queden impunes, al acusarlos de «delitos menores» ya que el «abuso de autoridad» no acarrea grandes sanciones.
«En Honduras no hay justicia. No hay jueces independientes y lo que quieren es lavar el rostro a este crimen y (en la Fiscalía) quieren presentarse como redentores», acusó Zelaya este jueves en el canal 36 de televisión.