El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras, prevé la realización de manifestaciones para rechazar la violación del Acuerdo de Cartagena, firmado por el presidente Porfirio Lobo y el ex Jefe de Estado, Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en junio de 2009.
La convocatoria a la marcha fue anunciada por Zelaya y el subcoordinador del FNRP, Juan Barahona, para movilizarse a partir de este lunes en la capital hondureña, Tegucigalpa.
El ex mandatario y coordinador de la resistencia hondureña apuntó que “se empezó la violación del Acuerdo de Cartagena de Indias, acuerdo internacional que le sirvió a Honduras para ingresar a la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
“Hoy estamos aquí para protestar directamente sobre esta violación y para demandar el cumplimiento de ese acuerdo, porque ese acuerdo le ha servido a la patria y no es posible que se empiece a violar, desconociendo los derechos de los hondureños”, afirmó.
Zelaya explicó que la medida judicial afecta a su ex ministro de la Presidencia y miembro de la comisión política del FNRP, Enrique Flores Lanza.
Flores Lanza, indicó el ex mandatario, “regresó a este país pacíficamente para presentarse voluntariamente a los juzgados, en base a la presunción de inocencia, con todo lo necesario para probarlo, entonces ¿por qué se le declara cárcel preventiva y le ponen una multa de 27 millones de lempiras que no se la han aplicado ni a los grandes millonarios de Honduras»”.
Subrayó que estas decisiones de los tribunales de justicia del país centroamericano, “hablan muy mal y ponen en mal predicado las aspiraciones o las pretensiones que ha manifestado el Presidente Porfirio Lobo, por una reconciliación política de los hondureños”, sentenció Zelaya.
Por su parte, el presidente Lobo expresó que “es importante que el Poder Judicial actúe en el marco de total objetividad”, en referencia a la denuncia efectuada por Zelaya.
El mandatario, quien accedió al poder mediante elecciones realizadas bajo el régimen de facto que derrocó a Zelaya, indicó que sugerirá “una comisión de abogados y de juristas internacionales que vengan y revisen los casos para que nos garanticen que lo que se haga está apegado a la ley”.