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Las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico podrían cancelar, en pleno, su observación en Siria, imitando los pasos sauditas, para desmantelar una misión cuyos reportes desencajan con la postura antisiria del bloque.
Así lo anunció este martes el rotativo kuwaití Al-Qabas en un artículo, en el cual citó fuentes diplomáticas que no identificó, según las cuales, los Estados árabes del Golfo ya anunciaron su retirada del equipo observador de la Liga Árabe que ellos mismos presionaron para que Siria aceptara.
De acuerdo con la información, los monarcas de las seis naciones del CCG adoptaron la postura anunciada el domingo pasado en El Cairo por el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, príncipe Saud Al-Faisal, de que su país abandonaba ese destacamento de veedores.
El argumento de Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Bahrein sería -según la fuente- que no desean que sus monitores «sean falsos testigos de crímenes cometidos contra civiles», presuntamente por las fuerzas de seguridad de Damasco.
Riad expuso la visión del reino wahabita en el sentido de que presuntamente el gobierno del presidente sirio, Bashar Al-Assad, había roto sus promesas de respaldar y ejecutar totalmente una iniciativa de paz árabe, muy alineada a presiones de Estados Unidos y Europa.
Aunque la Liga Árabe se pronunció por extender un mes más la labor de los supervisores de 16 países desplegados en 20 ciudades sirias, la misión está en suspenso debido al severo golpe que constituye la salida de seis países influyentes y con gran poderío económico.
Incluso, si se decidiera ampliar el monitoreo que ahora hacen 165 especialistas, la reducción de personal limitaría verificar la reducción de la violencia, el diálogo nacional, retirada de tropas de las ciudades, liberación de detenidos y otros puntos del plan árabe.
El jefe de la misión observadora, el general sudanés Mohammed Ahmed Mustafa Al-Dabi, afirmó ayer en El Cairo que el gobierno sirio ha cumplido parcialmente sus compromisos para la paz, y admitió que su informe contradecía la percepción apocalíptica de los cancilleres.
Los titulares de Exteriores adoptaron una dura resolución contra el Ejecutivo de Bashar Al-Assad, urgiéndolo a abandonar el poder y crear en un plazo de 60 días un gabinete de unidad con la oposición armada, tras lo cual debería convocar a elecciones en cinco meses.
El-Dabi, pese a sus críticas, destacó que en Siria «descendió significativamente» la violencia, se constataron 136 muertes, fueron liberados miles de presos y operan al menos 36 reporteros extranjeros.
Además, el oficial sudanés señaló que en muchos casos los reportes de muertos «fueron fabricados» y dijo haber constatado que «desde la llegada de la misión a Siria (26 de diciembre), todo el armamento pesado y vehículos de combate fueron retirados de las ciudades».