El Fiscal General de la República, Tarek Willian Saab, mostró este lunes nuevas evidencias sobre Rocío San Miguel y varios ciudadanos civiles que están involucrados en la trama Brazalete Blanco, operación que pretendía el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el funcionario reveló que la abogada «sería la encargada de coordinar y trasladar todo el quipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación” que tenía como objetivos atentar contra la paz de la República, matar y provocar una guerra en el país.
Saab mostró un video en el que se observan varias evidencia, entre las cuales están 18 mapas cartográficos con las coordenadas de instalaciones militares, incluyendo la zona de seguridad del Palacio de Miraflores, lo cual pertenece a la reserva de la inteligencia del Estado venezolano.
De acuerdo con el titular del MP, hay más de 24 zonas de seguridad demarcadas, evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares del país y un cobro en dólares realizado por una trasnacional petrolera.
Todos estos datos que poseía Rocío San Miguel constituyen un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo; sin lugar a dudas, pues esta información ha sido recabada y señalizada de forma sistemática, con apoyo de personas con conocimientos de geografía o cartografía, argumentó Saab.
En este contexto, el Fiscal aseveró que la actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos: «Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado venezolano».
Explicó que esta ciudadana incluso tenía un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención.
Rocío San Miguel compartió información que no es de acceso público con una potencia extranjera y, sobre este particular, Saab comentó que se han conseguido intercambios similares con embajadas de otros 3 países.
Agregó que esta ciudadana entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país.
«El manejo de esta información es sumamente delicado, porque eso se reserva. Quienes tienen esas cualidades son agregados militares, eso no tiene nada que ver con defensores de derechos humanos. Dar información sensible es un elemento de convicción contundente», señaló.
En su rueda de prensa, el Fiscal recordó que los involucrados en la operación Brazalete Blanco «tenían planeado atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal e iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro», lo cual llevó a la acción del Estado venezolano, para neutralizar tal conspiración.
Tras mostrar en varios documentos del cómo los organizadores y conspiradores contaban con la complicidad de Rocío San Miguel en la trama, enumeró algunas acciones de Rocío San Miguel que la alejan de su perfil de presunta defensora de DDHH, desestimó las acusaciones sobre desaparición forzada de San Miguel y dijo que era una ofensa, en comparación con lo que sucede con verdaderas desapariciones forzadas en el mundo.
Saab afirmó que tras las investigaciones se puede afirmar que «la señora Rocío San Miguel fungía como espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional».
No se puede «ser defensor de derechos humanos y tomar parte de un plan para asaltar cuarteles, secuestrar autoridades e iniciar una escalada subversiva con su consecuencia de muertes y violencia», apuntó.
Asimismo, el Fiscal señaló que, tras la realización de un allanamiento con orden judicial a la residencia de Rocío San Miguel, en presencia de fiscales y familiares que verificaron la legalidad del procedimiento, se consiguieron evidencias que la vinculan «con otro tipo de actividades».