Hace cuatro años Paraguay sufrió el quiebre de su orden constitucional. A través de un juicio político exprés, impulsado por la oposición bajo los cargos de mal desempeño en sus funciones y responsabilizándolo por la masacre de Curuguaty -ocurrida el 15 de junio de 2012-, el presidente Fernando Lugo se vio obligado a abandonar su mandato el 22 de junio de ese mismo año.
Ese día, en un juicio político público que se llevó a cabo en el Senado local, 39 de los 43 senadores presentes manifestaron estar de acuerdo en que el mandatario electo el 20 de abril de 2008 era culpable de los cargos que se le imputaban, y por tanto quedó automáticamente destituido, ya que alcanzaron los dos tercios (30 de 45 sin importar las ausencias) exigido por la Constitución del país.
Tras su destitución, el entonces vicepresidente Federico Franco asumió la presidencia interina, pese a las múltiples manifestaciones de indignación.l
Franco abrió una línea de Gobierno, la cual ahora es profundizada por el actual mandatario Horacio Cartes, que apostó por el endeudamiento a través de los “bonos soberanos” y la liberación de productos transgénicos sin seguir los protocolos establecidos en la ley. Su gestión terminó como una de las más impopulares, sumida por múltiples escándalos de corrupción.
Aún se sienten las secuelas del golpe, con un Gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales y que continúa el patrón represivo contra los grupos organizados. De hecho, el pasado 7 de junio de este año diversas personalidades paraguayas recordaron como la Organización de Estados Americanos (OEA) le dio la espalda al pueblo y avaló el golpe de Estado parlamentario contra el presidente Lugo:
Luego de un periodo de distanciamiento, Lugo volvió al escenario político en 2013 con un escaño en el Senado por la coalición política Frente Guasu, el cual agrupa a varios partidos y movimientos de izquierda. Actualmente está evaluando la posibilidad de medir fuerza de cara a las elecciones generales del 2018 para el puesto de presidente de la República.
La masacre de Curuguaty, como se le conoce a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, ocurrió cuando cientos de policías acudieron a Curuguaty, una ciudad ubicada al este de Paraguay, para desalojar a un colectivo de 70 campesinos que ocupaban tierras aptas para la producción agrícola.
En el acciones murieron 17 personas: 11 campesinos y seis funcionarios. La razón por la que esta masacre se ha vuelto tan controvertida en la opinión pública nacional e internacional es porque ante la ausencia de acusados por el asesinato de los campesinos, los presuntos victimarios de los policías si serán sometidos al rigor de la ley.
El hecho, además, fue usado por la oposición del país para justificar un juicio político sin sentido que derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, porque simplemente se le responsabilizó a priori de lo acontecido.
La justicia paraguaya ha acusado a 13 campesinos de invasión de inmueble ajeno y de asociación criminal, a 11 de ellos también se les imputa el cargo de homicidio de los seis agentes. Y tras múltiples suspensiones del proceso en contra de los labriegos, este 15 de junio, exactamente a un año después del primer juicio, la Fiscalía inculpó a dos de los 11: a Rubén Villalba y a Luis Olmedo, del homicidio del comisario Erven Lovera, el comandante del cuerpo policial.
Villalba, el líder de los campesinos, fue inculpado por homicidio doloso agravado en grado de tentativa, y la Fiscalía ha pedido para él 30 años de condena y 10 de medidas de seguridad. Olmedo fue acusado de homicidio doloso y se pide una condena de 25 años. Para Néstor Castro y Arnaldo Quintana, a quienes se les identificó como otros líderes, se solicitó 20 años. Para otros siete campesinos se ha solicitado penas de cárcel de entre cinco y ocho años.
El pasado 3 de junio se reconstruyó como parte del juicio en el que se condenan a los campesinos por la muerte de los seis policías:
En lo sucesivo, la Fiscalía continuará con la exposición de los hechos punibles en contra del resto de acusados y este 23 de junio se llevarán a cabo los alegatos finales de la defensa. Pero a nadie parece importarles encontrar responsables por la muerte de los campesinos.
Familiares de las víctimas y acusados en el juicio por la masacre, lamentaron los cuatro de años de sufrimiento y piden una investigación por las muertes de once campesinos y por los que no hay ningún imputado.