Desde el triunfo electoral de Iván Duque, los grupos paramilitares incrementaron sus ataques contra organizaciones sociales y comunitarias. Hay denuncias por amenazas y continúan los desplazamientos forzosos
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Desde el 1° de junio pasado hasta este 3 de julio han sido asesinados en Colombia 19 líderes comunitarios, sociales, activistas, indígenas y campesinos. Si bien la violencia política en la nación neogranadina es un mal endémico, las cifras de víctimas se incrementaron notoriamente desde la realización de la primera y segunda vuelta electoral en esa nación.
En la noche del pasado miércoles asesinaron en el departamento de Antioquia a Ana María Cortés, activista de derechos humanos y dirigente de izquierda. Fue acribillada a balazos.
La mujer coordinó en su región la campaña presidencial del izquierdista Gustavo Petro. Antes había trabajado con el organismo municipal que vigila los derechos humanos.
Petro responsabiliza a la policía
«Nuestros militantes en Cáceres, Antioquia, ya habían sido golpeados por la policía local, el comandante del puesto los había amenazado y exigido que se fueran del municipio», denunció Petro en su cuenta de Twitter.
Cáceres y la también activista Margarita Estupiñán, asesinada en la empobrecida región de Tumaco (al sur-occidente) son las más recientes víctimas de una serie de ataques mortales contra luchadores sociales en Colombia.
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio último, han sido asesinados «311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos», según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Es decir, que en este lapso de tiempo, cada tres días ha caído un dirigente. Entre las zonas más afectadas por este tipo de violencia están los departamentos de Cauca (78 homicidios) y Antioquia (43).
Amenazas paramilitares en Cauca
Esta semana fueron localizados en la población de Argelia, en el departamento del Cauca, los cadáveres de siete campesinos. Los cuerpos tenían signos de tortura. Días antes se habían difundido panfletos amenazantes de bandas paramilitares.
La Red de Medios Alternativos y Populares de Colombia también denunció en su portal web que grupos de ultraderecha que afirman pertenecer al Bloque Occidental de las Águilas Negras, declararon objetivo militar a 18 personas pertenecientes a organismos defensores de derechos humanos, cabildos indígenas y otras organizaciones como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y Marcha Patriótica.
Las amenazas fueron proferidas a través de un panfleto que busca justificar la estrategia paramilitar, su accionar criminal, acusando falsamente a lideresas y líderes de ser “colaboradores de los disidentes de las FARC”. De igual manera las amenazas las hicieron extensivas a quienes apoyaron la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia, y cubren municipios en departamentos de Cauca y Valle.
“El comando occidental de las Águilas Negras hemos declarado objetivo militar a todos los colaboradores de los disidentes de las FARC y a todos los que apoyaron al HP de Petro en las pasadas elecciones: Astracava, Fensuagro, Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Marcha Patriótica y Gobernadores Indígenas de Pradera, Florida, Miranda y militantes que apoyaron al hijueputa de Petro”, advierten los paramilitares.
Entre las personas declaradas objetivo militar se encuentra Islenio Muñoz, dirigente de Astracava y gerente de Café Soberano, quien hace menos de una semana, el 29 de julio, fue amenazado por hombres armados que, identificándose como paramilitares, ingresaron a su vivienda y hurtaron dinero, efectos personales e información perteneciente a la organización campesina.
“Para nosotros no existe ningún esquema de seguridad que los proteja, tenemos información concreta de nuestras redes de inteligencia que nos suministran información clara y precisa de todas las actividades diarias de sus familias, de los sitios de trabajo”, afirma el panfleto.
T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas