La Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional (AN) recibió ayer a Edwin Rojas, viceministro de política interior y seguridad ciudadana del Ministerio de Interior y Justicia, en razón de una serie de denuncias recibidas desde el estado Bolívar por parte de las iglesias evangélicas.
“En ese sentido el Ministerio, como órgano rector en materia de justicia y cultos, ha atendido este llamado”, dijo Rojas, quien en vista de que los diputados opositores (y los periodistas) le insistieron en el tema penitenciario, se comprometió a regresar el próximo miércoles para abordar el punto.
Al afirmar que había escuchado todos los planteamientos, el viceministro aseguró que el gobierno del presidente Chávez está abierto a escuchar y a tratar en conjunto todos aquellos problemas que las distintas iglesias estén presentando. “En función de ello hemos decidido convocar para el martes una mesa técnica de trabajo donde estén los distintos representantes de las iglesias cristianas a escala nacional, especialmente las del estado Bolívar”.
Ratificó la libertad de cultos que existe en el país por mandato constitucional. “Lo que hemos pedido siempre es respeto a las normas constitucionales y legales, a la moral y al orden público”.
Recordó que hace varios años el Ministerio dictó una resolución en la cual expulsaba y sacaba de las zonas indígenas a iglesias que habían utilizado esa fachada para de utilizar y explotar a las comunidades indígenas.
Afirmó que la libertad de cultos tenía garantías, pero el régimen de otorgamiento de permisos corresponde al Ministerio.
PACIENCIA Y COMPRENSIÓN
Al ser abordado por los periodistas, alegó que el tema penitenciario no había estado en la agenda de la visita pero que se había planeado para el venidero miércoles; aun así, respondió brevemente algunas inquietudes.
Dijo que el sistema penitenciario estaba en permanente revisión y destacó como un paso importante la articulación emprendida con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP) para ir a la raíz del problema y generar así la transformación. Agregó que han hecho una profunda reflexión y auto crítica, a instancias del presidente Chávez.
De la cooperación con el TSJ y el MP, Rojas señaló que así aspiran la aceleración de los procesos judiciales de los privados de libertad de todos los centros penitenciarios del país.
“Pensamos que con las medidas que se vayan a tomar se pueden dar profundos cambios para toda la población privada de libertad, a la cual le pedimos paciencia, entendimiento y comprensión; son acciones que van en función de la dignificación del sistema penitenciario y de dejar atrás las mafias que heredamos y que aun se están por extirpar del todo”.
Reseñó que el Código Orgánico Penitenciario (pendiente de segunda aprobación) contribuirá en el camino de la solución. Este instrumento fue consultado entre la comunidad penitenciaria de Coro.
Se le consultó de la situación ocurrida con la muerte de varios detenidos en un retén policial de Cabimas, adscrito a la Gobernación del Zulia. Contestó que este caso debe servir de reflexión “a quienes abogan por la descentralización, creyendo que es la solución”.
DENUNCIAN SUPUESTO VETO
Linda Aguirre, representante de la Fundación de Funcionarios Públicos Cristianos, tuvo un derecho de palabra en la reunión de ayer, en la comunicó que hay un veto que impide el registro de nuevas iglesias cristianas en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
En su intervención también cuestionó que se asuma que la religión católica es abrumadoramente mayoritaria en Venezuela.
Citó unos resultados que habrían sido expuestos recientemente por la consultora Grupo de Investigación Social (GIS XXI), conforme al cual la comunidad de evangélicos en el país es del 17% de la población. Ella estima una cifra de seis millones de personas.
En cualquier caso, para despejar este dato están solicitando al Instituto Nacional de Estadísticas que, así se va a preguntar a las personas si se asumen o no afrodescendientes, incluya una pregunta en censo para preguntar qué religión se profesa.
Alegó que el concordato que Venezuela tiene suscrito con el Estado Vaticano (para regular la fe católica) va en detrimento de los ciudadanos”.
“Un Estado no puede privilegiar a otro con la firma de un convenio perjudicando a sus connacionales”.
En resumen, pide porque todas las iglesias reciban un tratamiento igualitario del Gobierno, en concordancia con los artículos 21 y 59 de la Carta Magna.