El fenómeno vivido recientemente en la hermana República Argentina, ante la seguidilla de alzamientos de cuerpos policiales, abre la puerta a un debate que no puede dejar de preocuparnos en la perspectiva de la consolidación de nuevos paradigmas en materia de seguridad ciudadana en el continente.
Al menos 10 personas murieron en Argentina durante los hechos vinculados con los saqueos que acompañaron con estudiada precisión a las protestas policiales en más de 20 provincias, mientras que decenas resultaron heridas, además de los cuantiosos daños materiales ocasionados.
La policía de Córdoba inició la ola de huelgas por presuntas reivindicaciones salariales, dejando la población a merced de la delincuencia y la destrucción de negocios, saqueados por personas de estratos sociales bajos pero también por personas de clase media que naturalizaron los hechos vandálicos; o la violencia racial desatada por sectores medios y altos contra personas de estratos populares por la mera presunción que pudiesen ser delincuentes o saqueadores, en un “todos contra todos”.
La respuesta de los actores políticos fue nefasta, empezando en el caso de Córdoba por un gobernador que “paseaba” por Panamá cuando su provincia ardía en llamas. El Gobierno nacional no ejerció a tiempo la autoridad federal para recuperar el orden público. Detrás de todo esto se eleva la sospecha del vínculo policial con estructuras del narcotráfico que habrían aupado el proceder sedicionista. La decisión del gobernador de Córdoba de ceder al reclamo policial generó un efecto dominó de alzamientos en otras provincias con el saldo conocido de víctimas y daños.
Desde el gobierno de Cristina Kirchner se plantea lo ocurrido como una acción premeditada con alevosía para provocar incertidumbre económica, aplicando métodos extorsivos, vulnerando la estabilidad y las condiciones de convivencia social.
El momento elegido para generar esta ola insurreccional fue ni más ni menos cuando se celebran 30 años del retorno a la democracia en la República Argentina. Cabe pensar en una estrategia de “golpe azul” para desestabilizar el impulso democratizador en aquel país, liderado por los Kirchner.
Ahora la justicia argentina tiene la tarea de investigar y procesar a los responsables de tanta barbarie. Un mal ejemplo que no debe repetirse en nuestro continente.