Otro elemento clave a desmontar para avanzar en la garantía del derecho humano a la seguridad ciudadana pasa por lograr romper lo que algunos autores denominan el “doble pacto”.
El “doble pacto” es un conglomerado de acuerdos prebendarios en dos niveles de interacción que se representa de la siguiente manera: por un lado, se genera un primer pacto entre gobernantes (actores políticos en el poder institucionalizado) y los cuerpos de seguridad que de ellos dependen (instituciones estatales de seguridad civil o militar).
Ha sido tradición en nuestros países que se le entregue a los cuerpos policiales o militares el gobierno de la seguridad (tarea que debería ser potestad exclusiva de los actores políticos), a cambio de que estos garanticen ciertos niveles de control social, obediencia/subordinación y compromiso de no permitir situaciones de crisis que afecten la gobernabilidad y por ende la estabilidad de los propios actores políticos.
Esta práctica en definitiva termina dando a los cuerpos de seguridad autonomía de métodos y también el posible aprovechamiento de formas de corrupción que incluso comparten muchas veces con la dirigencia política. Este estilo del “cheque en blanco” ha generado múltiples efectos perversos en nuestras sociedades aumentando la victimización y la impunidad.
Por otra parte, se genera un segundo pacto más abajo: el de actores de los cuerpos de seguridad y sectores criminales.
Mediante este segundo pacto se garantiza a los delincuentes cierto control territorial y un nivel de acción criminal que no genere alarma social (y reacción política); como contrapartida se garantiza a los funcionarios participación en los beneficios del delito a cambio de cierto nivel de impunidad, protección e información.
Esta triada políticos–funcionarios de seguridad–delincuentes conforma una estructura que en la medida que se consolida va derivando en formas más complejas de criminalidad y puede llegar a poner en riesgo la propia gobernabilidad democrática de la seguridad y el control de la violencia.
La reforma policial que inició el comandante Hugo Chávez con la Conarepol (2006) y continuó el Consejo General de Policía hasta hoy viene a intentar romper ese doble pacto, con un enfoque de transparencia, integralidad, controles externos y gobierno efectivo de la seguridad. El desafío de vencer ese “doble pacto” sigue vigente.