El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto reunirse el miércoles en el Congreso con los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, para avanzar en la estrategia en los temas pendientes, entre los que la reforma migratoria es prioritaria.
Por su parte, el presidente de la Cámara baja, el republicano John Boehner, debe sentar, antes del receso de cinco semanas del verano, las bases de la estrategia republicana en una Cámara de Representantes dividida ante el tema.
Los líderes republicanos han rechazado la reforma migratoria aprobada por el Senado con apoyo bipartidista, que contempla la regularización y un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.
El Partido Republicano quiere que la Cámara baja aborde la reforma en partes, aumentando la seguridad fronteriza y ofreciendo una senda a la ciudadanía a jóvenes indocumentados que han crecido y se han educado en este país (conocidos como «dreamers»), pero no a sus padres.
Boehner debe conciliar las posturas de los republicanos sobre la necesidad de no dejar morir una reforma migratoria vital para el futuro del partido y opiniones extremistas en medio del debate, como las declaraciones del congresista de Iowa, Steve King, quien aseguró que gran parte de los «dreamers» se dedican a pasar droga por la frontera.
Las declaraciones de King perjudican aún más la imagen del Partido Republicano, que desconectó en las elecciones de 2012 con los votantes hispanos, aunque los líderes conservadores, entre ellos Boehner, salieron rápidamente a desmarcarse y criticar esos comentarios.
El diario The Washington Post señaló el domingo que de los 11 millones de indocumentados que la reforma del Senado quiere sacar de las sombras, solo alrededor de una cuarta parte conseguirá la ciudadanía, tras un largo camino de 13 años de papeleo y solicitudes en los que se deben cumplir requisitos económicos y de antecedentes penales.
Por su parte, un informe del la Oficina Presupuestaria del Congreso del mes pasado proyecta que unos 8 millones de inmigrantes indocumentados intentarían obtener la ciudadanía y unos 3,5 millones no podrían optar a ella por fallar en alguno de los requerimientos o se rendirán por el camino.