Este jueves, desde la sede del Ipasme en la avenida Lecuna (Caracas), la ministra del Poder Popular para la Educación, Jennifer Gil, aseveró que será la Asamblea General Extraordinaria de Padres, Representantes y Responsables, quien establecerá cual va ha ser el porcentaje del incremento de la matricula escolar, ya que así lo demanda la nueva norma.
Destacó que la ley publicada en Gaceta Oficial este jueves, indica el procedimiento para determinar el monto de la matricula y mensualidades de las instituciones educativas públicas y privadas, el cual se fija en un 20% como límite máximo de aumento.
Señaló que el instrumento legal sólo autoriza a la Asamblea General de Padres, Representantes y Responsables para asignar el monto del incremento tomando en cuenta que no puede ser mayor al 20%, el cual es el tope establecido por el Ministerio de Educación.
Asimismo, resaltó que el aumento debe ser de conocimiento de toda la comunidad escolar en los planteles, tanto públicos como privados.
Gil, explicó que la ley publicada en Gaceta Oficial y que regula el incremento del costo en las matriculas escolares, se hizo de manera conjunta y está compuesta por las resoluciones 045 del Ministerio de Educación y 048 del Ministerio de Comercio, las cuales establecen un tope máximo del 20% de aumento para las inscripciones escolares.
«Fue un procedimiento rutinario, hoy día finalmente sale publicado en la Gaceta Oficial del día 7 de julio dos resoluciones conjuntas, que como es habitual en esta época de cada año, publican en conjunto los ministerios del Poder Popular para la Educación y para el Comercio, quienes fijan como corresponde y está estipulado en la ley un tope máximo, digamos para lo que es la matricula y el cobro de mensualidades», manifestó la Ministra.
INSTITUCIONES QUE VIOLEN LA NORMA SERÁN SANCIONADAS
La ministra Gil, señaló que con respecto a aquellas instituciones que no acaten la ley se les aplicará un procedimiento una vez que el Ministerio de Educación en conjunto con el Indepabis reciban la denuncia y se verifique la naturaleza de esta, la cual se investiga y de acuerdo a los resultados se sancionaría de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación (LOE).
«En el caso de la LOE se pudieran aplicar las sanciones que van desde las multas, sí se estableciera alguna responsabilidad por parte del Plantel o sí se comprueba o se constata que hay un incumplimiento», indicó Gil.
Aclaró que los procedimientos tienen que ver con el tipo de denuncia, su constatación y verificación. Así mismo, enfatizó que el Estado en estos casos está facultado y obligado a proceder ante el incumplimiento de la ley, es decir «que las sanciones no se aplican por capricho, sino, que se ejecutan en pleno derecho al cumplimiento de las normas para la sana protección de las familias que tienen a sus hijos en instituciones educativas privadas», acotó.
Destacó que esta tarea de hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de la nueva ley para evitar el abuso y la especulación en el cobro de las matriculas escolares no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación, sino que los padres , representantes y la comunidad educativa es corresponsable en el seguimiento y la denuncia oportuna de la irregularidades que estén sufriendo.
«Es nuestro deber pero no solamente nuestra obligación, hay una corresponsabilidad de la comunidad en general de estar pendiente, hacer el seguimiento correspondiente y denunciar, esto ayudará cuando el Estado docente fije este tipo de resoluciones a no permitir ningún tipo de desmanes, ningún tipo de abusos que vallan más bien en desmedro de lo que es el ingreso familiar, de lo que es el ingreso de los trabajadores«, manifestó.
En este sentido, la Ministra hizo un llamado a todos los padres, representantes, responsables y trabajadores que tienen a sus hijos en planteles privados a que inmediatamente una vez que se percaten de una violación de esta naturaleza realicen la denuncia ante el Ministerio de Educación y el Indepabis.
En este sentido, Gil aseguró que el Ministerio garantizará el cumplimiento de la medida. «Sepan ustedes que nosotros vamos a estar muy vigilantes de esta situación», aseguró.
Insistió en que la norma no afectaría a la mayoría de los estudiantes que funcionan en la educación pública, «el común de la familia no se va a ver afectada, digamos directamente por esta fijación de ese porcentaje, toda vez que la educación pública, desde la educación inicial hasta la educación media general; estamos hablando que el porcentaje roza el 80% , es decir que nosotros en Venezuela y el gobierno revolucionario ha venido en una política sostenida de mejoramiento de la calidad de la educación», aseguró, Gil.
Por último enfatizó que el Estado venezolano tiene como prioridad sostener la inversión en el área educativa como uno de los aspectos que fortalecen la revolución. «Nosotros podemos decir con orgullo que la educación oficial es atendida de acuerdo a los preceptos constitucionales de gratuidad y de obligatoriedad, y por supuesto programas sociales que se han venido desarrollando a largo de once años, que han permitido la prosecución y el sostenimiento de más de 7 millones 700 mil estudiantes.