El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz suspenderá 13 policías municipales, a partir del 15 de julio, por presentar problemas de funcionamiento.
En una rueda de prensa, el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marcos Rojas Figueroa, dijo que los cuerpos policiales locales “tienen problemas con el número de funcionarios, la dotación de chalecos y esposas, así como bajo cumplimiento de los estándares de funcionamiento policial”.
Agregó que no poseen la cantidad necesaria de vehículos, bicicletas y motos para desempeñar sus labores, así como un presupuesto insuficiente: “El parque de armas no se adecúa a las normas técnicas de la Dirección de Armas y Explosivos”. Apuntó que algunos funcionarios están involucrados en delitos.
Rojas Figueroa informó que los funcionarios que posean un expediente impecable serán enviados a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y posteriormente serán transferidos a la Policía Nacional Bolivariana.
Anunció que el ministro Miguel Rodríguez Torres autorizó la destitución de siete funcionarios de Patrulleros del Caroní por uso excesivo de la fuerza, de los cuales tres están detenidos y cuatro se fugaron.
Adelantó que en los próximos días se intervendrán dos cuerpos policiales, aunque no brindó mayores detalles. Indicó que los funcionarios violaron los derechos humanos en sus procedimientos y no tienen el suficiente equipamiento: “Necesitan una intervención para que se comience a cumplir con el nuevo modelo”.
El viceministro señaló que próximamente se incorporarán 4 mil funcionarios a la Policía Nacional, con lo cual se reforzará el Plan Patria Segura: “Ya fueron adecuados 620 funcionarios de Tránsito Terrestre que se incorporan desde hoy (ayer) al servicio de vías rápidas”.
Agregó que 2 mil técnicos superiores ingresarán en septiembre a la Policía Nacional.
Descenso
El ministro Rodríguez Torres aseveró que desde la implementación del Plan Patria Segura, el índice delictivo ha bajado en un 30%.
Recordó que el dispositivo “es un complemento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, que es una política de Estado que permitirá, en el mediano y largo plazo, el desarrollo de una sociedad de paz y de convivencia solidaria».
El director del Cicpc, José Sierralta, detalló que desde la activación del plan se han detenido 971 personas por el delito de homicidio, 81 por casos de secuestro y 231 por el delito de robo.
También se incautaron 979 armas, 6.286 municiones y se rescataron a 29 ciudadanos que fueron víctimas de secuestro.
“El presidente Nicolás Maduro ha hecho énfasis en la mano amiga del Gobierno para que transformemos nuestra sociedad”, recalcó Rodríguez Torres.
Con respecto a la muerte de una madre y su hija en el estado Falcón, indicó que se han hecho “todas las actuaciones desde el punto criminalístico, se han hecho las experticias y un grupo de guardias nacionales están detenidos”.
Agregó: “El Estado venezolano no escurre el bulto ni evade responsabilidades. Estamos haciendo lo que nos corresponde para garantizarle a esa familia que no haya impunidad. Es nuestra obligación y nuestro deber”.