Por Wuikelman Angel

El presidente Nicolás Maduro acaba de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en una particular coyuntura social y política de asedio promovido por fuerzas externas e internas que intentan llevar hasta las cenizas los pilares que soportan el

Estado de Derecho y de Justicia consagrados en los principios doctrinarios de la Constitución de la República Bolivariana.

Como Jefe de Estado, y en uso de sus atribuciones como presidente constitucional, Nicolás Maduro está en el deber moral de preservar la paz y la unidad del país frente a los peligros que se ciernen contra la nación venezolana, hoy amenazada por centros de poder y organizaciones que responden a los intereses de la principal potencia económica y militar del planeta, como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Departamento de Estados de Estados Unidos de América.

La convocatoria a una Constituyente es constitucional. Está amparada en los artículos 347, 348 y 349 de la CRBV; articulado que invitamos a leer con detenimiento y con convicción bolivariana y chavista.

Esta iniciativa del presidente Maduro tiene claros objetivos estratégicos; el primero, preservar la paz como valor supremo por encima de todas las consideraciones que la actual coyuntura plantea. El segundo objetivo apunta a la amplitud del sistema económico: La ANC debe diseñar el nuevo sistema económico post-petrolero. La renta petrolera debe ser conjugada en pasado perfecto: se agotó.

Hay otros claros objetivos que deben ser ampliados y protegidos por los nuevos constituyentes: las misiones sociales, los jóvenes como garantía de futuro, la identidad cultural, la lucha contra el cambio climático; así como los temas de la seguridad y la justicia.

No se trata de hacer una Constitución distinta a la de 1999, como ha querido hacer ver la derecha; los principios de independencia, soberanía, igualdad, democracia popular, protagónica y participativa establecidos en la actual Carta Magna, se mantienen.

Estos pues son los debates que debemos afrontar con responsabilidad. El llamado a la paz se hace necesario. La Constituyente abre el camino. Los incendiarios deben ser silenciados en el escenario de los debates democráticos y por eso apostamos.