La izquierda francesa, encabezada por el presidente François Hollande, vive momentos turbulentos en el gobierno de su país. A pesar de ello, el mandatario no ha dado muestras de dar su brazo a torcer frente a la presión que actualmente debe afrontar. Hollande reiteró ayer su voluntad de «mantenerse firme» frente a la revuelta social contra la reforma laboral, que lleva ya dos meses de vigencia, salpicada por huelgas, manifestaciones y bloqueos de fábricas y refinerías, y que según los analistas, podría intensificarse en los próximos días.
Seis de ocho refinerías del país están paralizadas o funcionan al mínimo de su producción, aunque sin embargo fueron desbloqueados todos los depósitos petroleros que se encontraban en huelga, a excepción de uno cerca de la capital del país.
La situación, en cambio, parecía mejorar en las estaciones de servicio. La empresa de combustibles Total anunció ayer que de sus 2.200 estaciones en toda Francia, menos de un tercio estaban en dificultades, número que descendió respecto al día anterior, donde se registraban paros en 815 de ellas.
CALLES REVUELTA
En la calle, sin embargo, parece que las tensiones sólo acaban de comenzar. El pasado jueves, decenas de miles de manifestantes, 300 mil según la central sindical CGT y 153 mil, según las autoridades, salieron de nuevo a protestar por la polémica reforma laboral, denominada Ley El Khomri.
Los ocho sindicatos opuestos a la ley, que consideran excesivamente liberal y arbitraria, anunciaron ayer que buscarán «continuar y amplificar la movilización», de manera de que la presión obligue al Congreso a rechazar la reforma.
Aunque las protestas en la calle siguen siendo relativamente contenidas y no se han producido hechos graves para lamentar, la violencia parece estar continuamente a punto de estallar. Quienes se oponen al proyecto, y la CGT en particular, juegan a fondo esa carta de acción directa en sectores económicos clave donde este sindicato está fuertemente implantado, y llaman a la «generalización» de las huelgas. Se apela también, sobre todo, al sector más joven de la población, que en este momento es el más afectado por el índice de desempleo que ostenta el país.
El texto de la ley, que entrará en discusión en el Senado en el mes de junio, no solo divide a la población francesa, sino que también genera discrepancias en la mayoría socialista a cargo del gobierno, al tiempo que sus detractores directamente tratan de paralizar el país para forzar su retirada.
Además de ir contra el gobierno, las presiones también se han enfrentado a las organizaciones patronales y sindicales.
Ayer, el responsable de la patronal, Pierre Gattaz, denunció «métodos propios de delincuentes», tachó de «irresponsables» a los detractores de la ley y llamó a «resistir al chantaje» de los sindicatos contestatarios. Por su parte, el líder de la central sindical, Philippe Martínez, denunció lo que considera «clima de odio» existente en el gobierno y la patronal.
Ante las huelgas en el transporte público y el racionamiento del carburante, los franceses mantienen reacciones encontradas. Según algunos sondeos, siete personas de cada diez desean que la polémica reforma no sea aplicada para evitar que «la paralización del país» continúe prolongándose.
Sin embargo, parece ser que la situación dista de terminar, algo que resulta problemático dado que en tan solo dos semanas comenzará la Eurocopa de fútbol, que promete aumentar el ya de por sí la gran afluencia de turismo que ostenta Francia hoy.
Para el 14 de junio, cuatro días después de inaugurado el torneo europeo, los sindicatos convocaron a una «potente manifestación» en París, evento que coincidirá a su vez con el inicio del debate de la reforma en el Senado francés.