El sindicato de Central Madeirense de Carabobo acusó ayer al patrón de esta firma de suspender ilegalmente el sueldo a 200 trabajadores y trabajadoras de la sede de La Isabelica de Valencia, para lo cual “ha puesto como excusa que el local fue saqueado por grupos vandálicos, pero en realidad tiene más del 80% de esa estructura en buenas condiciones para reiniciar actividades”, aseguró Alejandra Osorio, representante estadal de la organización laboral de la cadena de automercados.
El 3 de mayo pasado, relató la dirigente, cuando los contingentes de extrema derecha provocaron destrozos en el supermercado, ubicado en la parroquia Rafael Urdaneta, la gerencia “había preparado su justificación para luego el 19 de mayo dejar prácticamente despedidos a estos trabajadores”.
A su juicio, la empresa cuenta con un seguro millonario con el cual “respaldarse y no dejar en el aire a la masa laboral de esta coyuntura, poseen el apoyo de las cinco sedes activas de Carabobo”, las cuales saben que “en la actualidad hay una violación a la contratación colectiva, una agresión a la Ley Orgánica del Trabajo del comandante Hugo Chávez”.
Hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para “como líder obrerista tome cartas en el asunto que atenta contra padres y madres” quienes se encuentran fuera de sus puestos, cuando “la sede puede reabrir sus puertas”.
El 10 de mayo se llevó a cabo una inspección a cargo del sindicato y sus delegados de prevención, “día que se constató las buenas condiciones para el reinicio”, exhortó que fue desoído por los dueños, sostuvo.
Según Osorio, esta acción no solo golpea al proletariado sino a la población de la zona, que ahora debe surtirse de alimentos y otros productos en distintos comercios, ante lo cual “el sindicato ha buscado las mil maneras de reunirse y conversar con la empresa, pero hasta hoy no ha sido posible, porque se ha negado”.
Los activistas obreros exigen asimismo una mesa de diálogo con la cadena en la que participen “los entes gubernamentales que rigen la materia, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la Superintendencia de Precios Justos, puesto que ya la Inspectoría del Trabajo hizo una jornada que culminó ayer (martes) para amparar a los agredidos”, acotó.
Precisó que la marca posee en Caracas un taller de reparación de equipos, donde “con mucha facilidad se pueden reparar las cajas registradoras dañadas, y con ello dejar de sumarse a la guerra económica contra el Gobierno Bolivariano, que es lo que parece que está en el fondo de todo el asunto”.
“Buscan el desespero de los trabajadores y de la población para que la culpa se la echen a la Revolución, es decir, es una estrategia de Central Madeirense para sumarse a la conspiración y al caos, pero no podrán”, acusó la lideresa, quien anticipó que por la gravedad del asunto un grupo de la clase laboral se trasladará a la capital para señalar este comportamiento.