El sujeto histórico por excelencia que tiene el rol protagónico de hacer la Revolución Bolivariana es el Poder Popular organizado.
Ese sujeto, el cual es inmutablemente pluridiverso y multifacético, está conformado por trabajadores, campesinos, estudiantes, artesanos, trabajadoras del hogar, maestros, profesionales de distintas áreas, etc., y debe moverse hacia la toma del poder bajo la lógica de los preceptos socialistas. Es decir, bajo la lógica de la sana convivencia, la democracia protagónica y participativa, el cuido y respeto del ambiente, la comuna productiva, entre otras decenas de acepciones donde jamás puede faltar el trabajo comunitario voluntario.
En torno a este último, basado en el pensamiento guevarista, encontramos hoy día ciertas contradicciones.
La idea de que nuestro proyecto de país aún se encuentra en plena etapa de transición está clara. Es por ello que en este proceso de desmonte y reacomodo de paradigmas encontramos tales divergencias teóricas y prácticas, y son estos los retos y desafíos propios de estos procesos los cuales debemos superar.
Una de esas divergencias a la que nos referimos, se evidencia en la forma como el Estado, en algunos casos, “impulsa” el trabajo social comunitario.
Está muy bien que el estudiante de ahora ponga en práctica sus conocimientos aprendidos en su proceso de formación académica acompañando al Poder Popular en el desarrollo de proyectos comunitarios. Sin embargo, aunque este hecho es “voluntario”, forma parte de un requisito académico, lo cual en cierto modo le resta tal cualidad; pero de igual modo no deja de ser importante.
Por otro lado, se encuentra una contradicción quizás mucho mayor. Y es que, en algunas de nuestras leyes revolucionarias se tiene como sanción, que si se incurre en los actos allí tipificados como delitos, más allá de pagar un periodo de prisión o un monto en multas, se debe cumplir un número determinado de horas de servicio social comunitario.
Ante eso nos preguntamos: ¿Por qué nuestras leyes le hacen ver al pueblo venezolano el ejercicio del trabajo comunitario como una sanción o castigo?, si el mismo debería ser ejercido con la mayor convicción y libertad posible en aras de alcanzar de forma participativa el bien colectivo.
Para nosotros el trabajo comunitario debe ser voluntario, no obligatorio. En ese sentido, dejamos a la consideración de nuestra dirigencia estas apreciaciones,