Durante la segunda reunión de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes se aprobó el plan de trabajo para este año, centrado en el diseño y validación del protocolo para la inspección de los centros de privación de libertad, así como de las comisarías policiales y los centros de salud mental.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, tras reunirse con los integrantes de esta comisión en la sede de la Defensoría, en Caracas, informó que este protocolo podría estar listo en unos tres meses.
Señaló la funcionaria que también se diseñará un manual para este protocolo, el cual recopilará todas las leyes venezolanas y las garantías internacionales “que de manera voluntaria el Estado venezolano ha reconocido”.
“No va a llegar un funcionario a inspeccionar a su buen saber y entender, no. Esta comisión va a trabajar para darles las herramientas a las personas que vayan a inspeccionar los distintos centros para que lo hagan de manera rigurosa y celosa, para que se revise y se garantice que dentro de esos centros exista respeto a los derechos humanos”, sentenció Ramírez.
“No se trata de dar un vistazo y ya, no. Se trata de una inspección con entrevistas sostenidas con funcionarios”, apuntó. “Con las resultas de cada informe nosotros vamos a tributar a la política pública nacional para que se hagan los correctivos y se legisle en función de ir cerrando las brechas”, señaló.
CUATRO EJES
El plan de trabajo de esta comisión comprende cuatro ejes: Crear espacios libres de tortura y otros tratos crueles, impulsar la defensa y la atención integral de las víctimas, promover una cultura de respeto al derecho a la integridad personal y la creación de un movimiento nacional para la prevención de la tortura.
Dijo la defensora que la comisión acordó elaborar una base de datos de los establecimientos públicos o privados donde permanecen personas detenidas o internadas contra su voluntad.
Ayer también se aprobó un presupuesto para el funcionamiento de la comisión y el desarrollo del plan de trabajo de este año por 28 millones de bolívares, el cual será presentado a la Asamblea Nacional.
La comisión contra la tortura y otros tratos crueles también aprobó el plan preliminar de los procesos de formación de todas las funcionarias y funcionarios que trabajen con ciudadanas y ciudadanos que se encuentren retenidos por causas penales, por salud o en contra de su voluntad.