El Tribunal Ético, integrado por el pueblo y organizaciones sociales paraguayas, declaró culpable al Congreso de Paraguay por mal desempeño de sus funciones y por violar la Constitución de la nación.
El Congreso también fue declarado responsable del «uso despótico» de instrumentos de control a otras instituciones estatales, «al premiar la subordinación de sus titulares a las mayorías parlamentarias y a sus financistas, existiendo evidencias de corrupción y de otros delitos», sentenció el tribunal este jueves.
Además, se le consideró culpable de retrocesos e impactos políticos, económicos y sociales para Paraguay a nivel nacional e internacional, como consecuencia de la destitución del presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo, el pasado mes de junio.
Según el fallo del jurado, esta acción de los parlamentarios fue «una grave irresponsabilidad institucional por su política activa de aislamiento del país y debilitamiento de los principales procesos de integración regional».
La destitución de Lugo fue condenada por organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), que calificaron la acción como un golpe de Estado parlamentario que rompió el orden democrático en Paraguay.
El Tribunal Ético también declaró a los diputados y senadores personas non gratas, lo que generó ovación entre el pueblo paraguayo, que se congregó en la plaza de la Democracia, situada frente al Parlamento en Asunción (capital), para esperar el fallo.
El jurado acusó a los parlamentarios de haber obtenido rédito político del sangriento desalojo de campesinos, ocurrido en junio pasado, en el departamento de Curuguaty (este), lugar en el cual murieron 11 labradores y seis policías durante un episodio aún sin aclarar completamente.
Tras el dictamen, los paraguayos realizaron una marcha por el centro de la capital en solidaridad con los campesinos presos por ese suceso, sin pruebas en su contra. Estos labriegos realizan una huelga de hambre hace 58 días, que los tiene en peligro de muerte.
El veredicto fue emitido por el jurado, conformado por personalidades que respondieron al llamado de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, después de analizar las acusaciones contra el Parlamento.
La Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, herramienta de monitoreo y control ciudadano, recibió las denuncias relacionadas con la labor parlamentaria y confeccionó la acusación definitiva contra el órgano legislativo.
El inédito procedimiento comenzó el pasado mes de octubre con la constitución del Tribunal, presidido por Luis Lezcano Claude, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, e integrado por prominentes juristas, investigadores e historiadores del país.