El Tribunal Supremo absolvió este lunes a Baltasar Garzón de la acusación de excederse en sus competencias como magistrado al investigar los crímenes del franquismo, en un caso que ha despertado una gran atención internacional.
Pese a esta decisión del Supremo, tomada por mayoría de 6 magistrados a 1 y que coincide con la petición de la fiscalía, el mismo tribunal ya había condenado este mismo mes a Garzón en otro caso que ha puesto fin a su carrera judicial.
«Los autos objeto de la imputación contienen una argumentación que consideramos errónea (…) Pero esa errónea aplicación del derecho no alcanza la nota característica del delito de prevaricación», dijo el Supremo en la sentencia.
Una asociación y un sindicato de funcionarios con vínculos con la ultraderecha habían pedido hasta 20 años de inhabilitación para el ya ex juez de 56 años, al considerar, entre otros argumentos, que se saltó la Ley de Amnistía de 1977 al aceptar investigar más de 110.000 desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
Durante el juicio, Garzón, considerado un símbolo por los defensores de los derechos humanos en el mundo tras su intento frustrado de sentar en el banquillo al dictador chileno Augusto Pinochet, aseguró que sólo actuó para proteger a las víctimas y evitar el olvido.
Ahora el tribunal en parte admite que su actuación «fue dirigida a disponer la tutela que le reclamaban quienes eran víctimas de unos delitos hoy día calificables como delitos contra la humanidad, que se encontraban en una situación de objetiva desigualdad respecto a otras víctimas de hechos sustancialmente similares y coetáneos en el tiempo de la guerra civil».
Sin embargo, afirma que un juez no es un historiador y que «la búsqueda de la verdad, una pretensión tan legítima como necesaria, corresponde al Estado a través de otros organismos (…) pero no corresponde al juez de instrucción».