El día martes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló a favor de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en respuesta a un recurso de amparo que pretendía la anulación del nuevo sistema nacional de ingresos al sector universitario. El Correo del Orinoco visitó ayer la Universidad Central de Venezuela (UCV) para conocer opiniones en relación a este asunto de interés nacional.
El director de la Escuela de Antropología, Ángel Reyes, indicó que la medida dictada por el TSJ obligará a la reestructuración de los horarios”. “Por ser una decisión de este tribunal tenemos que recibir a todos los estudiantes que sean asignados”, comentó el director, quien, no obstante, aseveró que cualquier incremento estará por encima de la capacidad de las escuela. “Todo los elementos necesarios para impartir clases se incrementará al doble”, agregó.
Antonio Paredes, profesor de demografía, de la escuela de Estudios Internacionales consideró que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como órgano del Estado, debe disponer de un porcentaje sobre el número de cupos “pero no su totalidad” “ya que son la institución universitaria la que conocen sus posibilidades para el ingreso de nuevos estudiantes.
LA DECISIÓN ES DEL ESTADO
Para Sandra Flores, profesora de la Escuela de Comunicación Social, la asignación de cupos en las universidades públicas es una prerrogativa del Estado. “Es el Estado venezolano el que tiene que decidir cuál es el mecanismos de admisión. Me parece que la universidad no tenía razón al arrogarse ese derecho”, alegó.
Flores cree que la discusión entre el Gobierno y los centros de estudios universitarios se debería concentrar en definir cuáles son los mecanismos más eficientes para la asignación de los cupos y la manera de satisfacer las necesidades de la población estudiantil.
AFECTA LA AUTONOMÍA
En el caso de la estudiante Susana Cárdenas, presidenta adjunta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Sociología, esta decisión “afecta directamente la autonomía universitaria”. Manifestó que, a pesar de que los procesos de admisión deben se “libres, democráticas y facilitarle el accesos a quien quiera”, el Gobierno nacional Tomó una decisión arbitraria sin antes conocer “hacer un estudios sobre las necesidades de la universidad”, especialmente en lo que respecta a personal docente.