El secretario general del partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), José Gregorio García Urquiola, aseguró que “la Sala Electoral no es el órgano competente para ordenar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la juramentación y desincorporación a los diputados electos por el voto popular en el estado Amazona”.
En su opinión se trataría de supuesto “golpe de Estado”. “Nos oponemos a esa decisión y queremos que aclarar que si la constitución nacional dice que el poder radica en el pueblo y el pueblo eligió a esos tres diputados de la MUD y es arbitrario que Sala Electoral del TSJ desconozca las actuaciones del Poder Legislativo que fue legítimamente elegida por el pueblo”, enfatizó
“Desconocemos esa decisión. No es que nos convertimos y apoyamos el desacato. Sino que no vamos a permitir esa manipulación del gobierno central y del Tribunal Supremo de Justicia porque el pueblo tiene que saber que el dictamen no es sólo de sobre la investidura de los diputados de Amazonas sino que tiene que ver con la necesidad de lograr la mayoría que le permita elaborar leyes e investigar el gasto de este gobierno”, señaló García Urquiola.
“Queremos advertir que quedan seis solicitudes en la sala electoral y que esto puede ser una cadena de actuación del TSJ a medida que la Asamblea Nacional vaya estudiando y aprobando leyes”,comentó.
“Nosotros vamos a acompañar a los diputados electos por el voto popular. No compartimos la intervención del Tribunal Supremo de Justicia de las actuaciones de la Asamblea Nacional, sin embargo, por buscar la convivencia y la salida de los graves problemas que tiene el país vamos apoyar las decisiones de la Asamblea Nacional”, dijo el dirigente de UDR .
PROPUESTAS
UDR señaló que la Asamblea Nacional “deberá legislar a favor de la Ley Desarme para sacar de circulación un poco más de 9.600 armas de fuego ilegales que circulan por las zonas populares del país, sin que el Gobierno nacional haga algo al respecto”.
El dirigente informó que también propondrán la Ley de Amnistía para la liberación de presos políticos, una ley de impulso a la producción nacional y otra para revertir el proceso de expropiaciones, ley para entrega de tiques de alimentación y medicinas a jubilados y pensionados y la de pago de prestaciones y salarios caídos a 22 mil trabajadores de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) despedidos por el expresidente Hugo Chávez en el año 2002.