Un hombre fue encontrado este lunes ahorcado en el interior de su vivienda de Barcelona, en el este de España, justo en el momento en que iba a ser desahuciado por no haber pagado el alquiler, un fenómeno alarmante en ese país hundido por la crisis.
El sujeto, de 40 años y nacionalidad española, fue hallado en la mañana por la comisión judicial que iba a ejecutar el desalojo del fallecido, informó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
“Efectivamente la comisión judicial ha ido esta mañana a realizar un desahucio y se ha encontrado con el cadáver de un hombre”, expresó a la AFP esta fuente.
Además, se dio a conocer que la policía catalana inició una investigación de la defunción, aunque todo apunta a que se trata de un suicidio.
Con un país golpeado por una crisis económica y financiera desde finales de 2011 y un desempleo récord del 27 por ciento, miles de familias españolas que se endeudaron durante los años de la burbuja inmobiliaria no pueden hacer frente a sus pagos y han sido desalojadas de sus viviendas.
Entre 2008 y 2012, se dictaron 415 mil 117 órdenes de ejecución hipotecaria de las que fueron ejecutadas 252 mil 826, cerca de un 61 por ciento, incluyendo viviendas principales y secundarias, locales empresariales y comerciales y terrenos.
En otoño, una ola de suicidios de personas que iban a ser expulsadas disparó las alarmas y el malestar entre la ciudadanía, que se movilizó para detener los desahucios en un país con miles de viviendas vacías.
El Parlamento de España aprobó una nueva ley para frenar los desalojos pero no legalizó la dación de la vivienda en pago de la hipoteca, como pedían los activistas españoles.
La ley, aprobada solo con los votos del conservador Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en la cámara, paraliza durante dos años las expulsiones de familias vulnerables, limita los intereses de demora y permite a los jueces suspender un desalojo si detectan cláusulas abusivas.
Los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); sin embargo, consideran que la normativa, que procede de una iniciativa legislativa popular que recogió 1,4 millones de firmas, se ha desvirtuado del “espíritu de su texto” cuyo principal punto era la posibilidad de saldar la deuda con el banco mediante la entrega de la vivienda.
Como respuesta, algunos gobiernos regionales como los de Andalucía, Canarias y Cataluña han tomado medidas por su cuenta para detener este dramático fenómeno, como la expropiación temporal de las viviendas para evitar los desahucios y la creación de un impuesto sobre los numerosos inmuebles vacíos en el país.