Durante la reunión extraordinaria de jefes y jefas de Estados y de Gobiernos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Argentina, los países de Bolivia, Brasil, Chile, Guyana, Paraguay, Suriname, Uruguay y Venezuela rechazaron hoy la ley de Arizona por considerar que «criminaliza» a los inmigrantes y podría legitimar actitudes racistas.
Los jefes de Estado de la Unasur rechazan la norma que permite la posibilidad de «detener a las personas, de manera discrecional por consideraciones raciales, étnicas, fenotipo, lenguaje y estatus migratorio, mediante el concepto cuestionable de duda razonable» , señala una declaración aprobada por la cumbre.
La reunión del organismo regional consideró que esta legislación implica la criminalización de las personas inmigrantes y expresa mediante un documento que sus efectos podrían ser la legitimación de las actitudes racistas en la sociedad de destino y el riesgo latente de violencia por odio racial.
Los mandatarios advirtieron que pueden registrarse a partir de ahora lamentables episodios, de los que ya han sido víctimas ciudadanos suramericanos.
La nueva normativa de Arizona autoriza a la policía a exigir documentos a personas que consideren sospechosas de estar ilegalmente en territorio estadounidense. Unos 460 mil indocumentados viven en el estado de Arizona.
Mientras, el gobierno mexicano continúa hoy las gestiones para proteger a sus ciudadanos ante posibles sanciones penales por la ley antiimigrantes SB1070, suscrita recientemente en Arizona, Estados Unidos.
Como parte de ese esfuerzo, los pasados días 2 y 3 de mayo, el subsecretario para América del Norte en la cancillería, Julián Ventura, y el embajador en el vecino país, Arturo Sarukhán, realizaron una visita de trabajo a Phoenix, Arizona.
Ambos funcionarios se reunieron con los cinco cónsules mexicanos en ese territorio estadounidense y con abogados e instituciones que emprendieron o prevén actos legales contra la SB1070; también sostuvieron encuentros con actores políticos, académicos, empresarios, líderes religiosos y comunitarios y activistas hispanos,informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Los dos embajadores advirtieron el peligro de que derechos humanos inalienables sean violentados por la aplicación de la nueva norma, cuyo contenido «abre la puerta a criterios de discriminación racial y criminaliza el fenómeno migratorio».
Según explicaron, México solicitará a los tribunales correspondientes el otorgamiento de la condición de «Amigo de la Corte», con el ánimo de aportar información al juez en los procesos de demanda que sean interpuestos.
Ante la profunda preocupación de la comunidad mexicana y la gran incertidumbre en torno a los probables alcances de la legislación SB1070, los cinco cónsules intensificarán las labores de información y asesoría jurídica a los connacionales por instrucción del presidente Felipe Calderón.
Además, la cancillería transfirió recursos adicionales a la red consular en Arizona a fin de fortalecer el apoyo jurídico, determinó ampliar la plantilla del personal en esas misiones diplomáticas y operar con oficinas móviles para poder llegar a las localidades más remotas en ese territorio, informó el organismo.
Por otra parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señaló este martes que la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal está teniendo «un efecto aterrador entre la población hispana y en el resto de Estados Unidos».
Insulza se refiere la ley aprobada recientemente en el estado de Arizona, que permite a los agentes del orden público detener y solicitar documentos a cualquier inmigrante sospechoso de ser indocumentado.
Según el máximo responsable de la Organización de Estados Americanos (OEA), esta normativa «niega libertades civiles y discrimina contra un grupo de personas sin tener en cuenta su condición jurídica».
«Es imprescindible que cualquier reforma de inmigración dentro del continente asegure la protección de los derechos humanos y se mantenga fiel a las obligaciones consagradas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana de Derechos Humanos», agrega.
Señaló que la OEA ha reafirmado en diversas ocasiones que todos los inmigrantes, a pesar de su estado de inmigración, debería recibir toda la protección de los derechos humanos y plena observación de las leyes laborales que se les pueda aplicar.
El máximo responsable de la OEA recuerda que Estados Unidos «es una nación fundada y construida por inmigrantes», primero europeos y después de América Latina y el Caribe, y considera que el debate sobre esta materia definirá la posición moral de Estados Unidos en el mundo.