La organización política Unidad Popular Venezolana (UPV) advirtió sobre las intenciones de factores políticos de la derecha de generar desestabilización durante las actividades de calle convocadas bajo el lema “marcha sin retorno”, la cual se encuentra dentro del marco del golpe continuado contra la Revolución venezolana.
El diputado a la Asamblea Nacional de esta organización partidista Juan Arroyo aseguró que la convocatoria a una marcha opositora en Caracas para el próximo 1º de septiembre, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no da respuesta en los próximos días sobre el referendo revocatorio, representa una amenaza contra la estabilidad política del país.
El dirigente reconoció que aunque las actividades de calle convocadas por la oposición cada vez presentan menos asistencia, lo cual pone en duda el poder de convocatoria de la derecha, la denominación de “marcha sin retorno” evoca claramente el llamado a su militancia para generar hechos de violencia en la ciudad capital, tal y como ocurrió en 2002 para justificar el golpe de Estado.
Además de las actividades de calle la agenda golpista de la oposición, según Arroyo, “incluye la actuación de la directiva del poder legislativo, la cual persiste en su intento de fomentar la ilegalidad de sus actuaciones mediante el desconocimiento de los otros poderes del Estado”, aseguró.
“UPV respalda la sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde decreta el desacato por parte de los directivos de la Asamblea Nacional (AN) al haber incorporado a Nirma Guarulla y Julio Ygarza, representantes de Amazonas, y Romel Guzamana, diputado indígena de la Región Sur, y quienes fueron juramentados por el presidente de este ente legislativo, Henry Ramos Allup”, dijo.
Arroyo calificó de grave el mecanismo de golpe parlamentario explicado por el jurista Jesús Silva basado en la presunción de que el presidente Nicolás Maduro tiene nacionalidad colombiana. En el frente internacional acusó a los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil de querer malponer a la República de Venezuela para evitar que ejerza la Presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur.