La Cancillería del Gobierno Bolivariano instó “a las autoridades colombianas a realizar esfuerzos por garantizar el derecho a la disidencia y juzgar a los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, recordando que el fin del conflicto armado implica un compromiso verdadero de las autoridades con la paz»
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La República Bolivariana de Venezuela condena las persecuciones y asesinatos de líderes y defensores de los derechos humanos en Colombia, país en donde solo en el departamento Valle del Cauca, al oeste, se ha registrado este año la muerte de 11 dirigentes sociales.
En abril, el Informe especial sobre homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos e integrantes de las FARC-EP y familiares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Movimientos Políticos y Sociales de la Marcha Patriótica había contabilizado 41 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde entonces, la cifra ha aumentado.
Mediante un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno nacional «insta a las autoridades colombianas a realizar esfuerzos por garantizar el derecho a la disidencia y juzgar a los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, recordando que el fin del conflicto armado implica un compromiso verdadero de las autoridades con la paz».
A continuación el texto íntegro:
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena los asesinatos, persecuciones y señalamientos contra las y los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en la República de Colombia, situación que el 01 de julio de 2017, cobró la vida de Alberto Román Acosta, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y líder social del Departamento Valle del Cauca.
Resulta preocupante que durante el año en curso hayan ocurrido alrededor de 11 asesinatos de líderes sociales en dicho Departamento, los cuales se suman a cientos de casos de asesinatos ocurridos por razones políticas en ese país.
Esta situación evidencia una política sistemática de persecución y exterminio de líderes sociales que sin duda perturba el actual proceso de paz.
El Gobierno Bolivariano se suma al clamor del pueblo colombiano y de la comunidad internacional por una paz estable y duradera en Colombia, donde se respete el derecho a la vida, las reivindicaciones sociales y las luchas de las comunidades en sus territorios, como principios esenciales de la democracia.
La República Bolivariana de Venezuela insta a las autoridades colombianas a realizar esfuerzos por garantizar el derecho a la disidencia y juzgar a los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, recordando que el fin del conflicto armado implica un compromiso verdadero de las autoridades con la paz.