La salida de las cableras del canal RCTV Internacional, por no querer ajustarse a la norma técnica sobre los servicios de Producción Nacional Audiovisual de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sigue generando polémica a escala nacional e internacional.
Poco le importa a las agencias de noticias y al Sistema Interamericano, que otros canales que también fueron sacados de la grilla de las cableoperadoras, como TV Chile, American Network y Ritmoson, ya hayan consignado sus documentos ante Conatel y estén transmitiendo por los diversos sistemas por suscripción del país. El canal Momentum también se puso a derecho, y RCTV Internacional se va quedando sola (junto con la peruana América TV) en su posición de no acudir a Conatel a entregar los recaudos correspondientes.
Conatel informó ayer que el canal Momentum no calificó como un Servicio de Producción Nacional Audiovisual. En otras palabras, puede regresar a la programación de la televisión por cable. “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, luego de revisar exhaustivamente la documentación consignada por el representante del canal Momentum, este miércoles 27 de enero, que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual, ha considerado que el referido canal no califica como un Servicio de Producción Nacional Audiovisual”, concluyó. La información ya le fue comunicada a los operadores del servicio de difusión por suscripción.
Sin embargo, sectores estudiantiles de la oposición siguen protestando en las calles para rechazar lo que consideran el cierre de RCTV Internacional. Sectores estudiantiles de la Revolución también lo han hecho, pero para respaldar los argumentos de Conatel y exigir el cumplimiento de las leyes de la República.
“Aquí nosotros no hemos cerrado ningún canal”, corroboró el presidente Chávez en la tarde de ayer, durante una transmisión conjunta de radio y televisión efectuada desde el Palacio de Miraflores. “Hay personas que todavía se creen más allá de la ley”, insistió, en alusión a los propietarios de RCTV. “Es el pequeño grupo de oligarcas que hace tiempo tiene un proyecto político fascista, de extrema derecha, y no dejan de acariciarlo”.
Sigue campaña
Internacionalmente, mandatarios de derecha, como los que dirigen Estados Unidos, Colombia, Perú y Panamá, han expresado su rechazo a la decisión; lo hicieron el pasado miércoles 27 de enero en la Organización de Estados Americanos. “Sin libertad de expresión y prensa no hay democracia”, dijo el representante de Colombia, Luis Alfonso Hoyos, obviando las amenazas que sufren las y los periodistas en ese país.
En un comunicado divulgado ayer, Canadá manifestó su preocupación “por la reciente medida tomada por el gobierno venezolano de suspender la difusión de seis canales de televisión y por la muerte de dos estudiantes durante las manifestaciones que le siguieron”. El ministro de Estado de asuntos extranjeros para las Américas, Peter Kent, afirmó que estos hechos “demuestran una vez más una reducción del espacio democrático en Venezuela”.
Las corporaciones mediáticas trasnacionales tampoco han escatimado epítetos para calificar lo ocurrido. Para muestra, un botón: “Chávez quitó la licencia a un canal crítico por no difundir sus discursos. Es RCTV, la televisora más popular del país”, título El Clarín de Argentina. “Canal opositor RCTV y otras cinco estaciones salen del aire en Venezuela”, señaló El Tiempo de Bogotá. “Venezuela prohíbe de nuevo emitir a Radio Caracas Televisión”, reseñó El País de España.
La Organización de las Naciones Unidas también cuestionó el caso RCTV. El relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, exigió al gobierno venezolano, a través de Conatel, que revise la decisión. “La Relatoría”, reza el texto, “exhorta al Gobierno a reconsiderar estas medidas, al restablecimiento de las garantías de libertad de opinión y expresión y de respeto al debido proceso”.
La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas negó que RCTV Internacional haya sido cerrada. Rechazó “enérgicamente” las declaraciones de Frank La Rue, y aclaró que la resolución de las cableoperadoras responde al incumplimiento de RCTV “de normas objetivas de la legislación venezolana”.
Venezuela exige a Relator de la ONU que se retracte
La posición del funcionario de la ONU no tiene fundamento, puntualizó Venezuela, y constituye “una inaceptable injerencia de La Rue en los asuntos internos de nuestro país, que busca favorecer los planes políticos de una oposición que trata de quebrantar la institucionalidad democrática”.
En la misiva, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, acusó a La Rue de actuar “como parte de los grupos de presión que tratan de desacreditar y desestabilizar la democracia venezolana”. Afirmó que le llama la atención que quien acusa al Gobierno Bolivariano de violar el debido proceso “incurre, precisamente, en negarle éste el legítimo derecho a la defensa, toda vez que lo ha condenado públicamente sin escuchar a la República Bolivariana de Venezuela e investigar los hechos”.
Valero recordó que en Venezuela existe una Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que asigna a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones “la supervisión de los medios radioeléctricos venezolanos y la aplicación de medidas administrativas que resguarden su cumplimiento”. Esta normativa consagra “los derechos para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión”, agregó, “y es compatible con los convenios internacionales de los cuales Venezuela forma parte, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”.
Radio Caracas Televisión Internacional alega que es un canal internacional, para no respetar la legislación de los canales nacionales, detalla Valero. Pero “esa aseveración es falsa: en los últimos cuatro meses, el 94 por ciento de su producción ha sido nacional y solo el 6 por ciento internacional”.
Todos los canales, indicó Valero, se han puesto a derecho. “Sólo uno, precisamente Radio Caracas Televisión Internacional, se niega a cumplir con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión”. En Venezuela “funcionan a plenitud todas las garantías para los medios de comunicación. De los 105 canales televisivos nacionales, 104 están cumpliendo con las normas legales que rigen su funcionamiento”.
Además de pedir a La Rue “mantener la transparencia y objetividad en sus opiniones”, Jorge Valero exigió al Relator que se retracte “de sus infundadas declaraciones y no continúe su campaña política a favor de la oposición venezolana y de sectores internacionales que pretenden destruir la democracia venezolana”.
Venezuela llevará el caso al presidente de la Asamblea General de la ONU, y al secretario general de las Naciones Unidas, y acusará a Fran La Rue de violar uno de los Códigos de Conducta de la instancia internacional. “No se puede utilizar el nombre de las Naciones Unidas para difamar a los Estados miembros”, añadió.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, denunció una campaña de descrédito contra Venezuela por parte de un grupo de funcionarios de organismos internacionales de derechos humanos. En una entrevista en el programa televisivo Despertó Venezuela, en VTV, Ramírez refirió que su despacho elaboró un informe y lo envió a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero; al propio Secretario de la Organización de Estados Americano, José Miguel Insulza; así como al Comisionado para los Asuntos de Venezuela de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro.
En Venezuela, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, advirtió que hay una campaña internacional de descrédito de la institucionalidad venezolana. A su juicio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a priori, aun cuando todavía no lo ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. La Defensora enfatizó que los organismos internacionales solamente deben expresarse cuando se hayan agotado las instancias jurídicas internas. Por tal razón, las opiniones de la CIDH fueron calificadas por la Defensora “como netamente políticas, porque lo están haciendo a priori”.
Según la Defensora, esa carta ya ha sido jugada en otras ocasiones con un saldo negativo contra Venezuela. Les exigió que no socaven la vocería internacional porque eso sería una grave pérdida en el esfuerzo por la defensa de los derechos humanos.
RCTV tiene un plan político
Lo que está en marcha, por parte de la oposición, es un plan similar al ejecutado hace 8 años como parte del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, sentenció la periodista y activista política Anahí Arizmendi. “Es una oposición cobarde, que quiere poner a las niñas, niños y adolescentes como carne de cañón”.
Para Arizmendi, es un mito decir que se está violentando la libertad de expresión con el caso RCTV. “El mundo de la suscripción por cable tiene más de 100 canales regionales, y genera más de 10 mil empleos. Todas esas cámaras, todos esos productores nacionales estuvieron en un proceso de discusión con Conatel durante el año pasado”, sentenció. “Ahora, se pretende imponer la campaña de que no hay legalidad, y echar para atrás una conquista de los canales para la suscripción por cable”.
RCTV se resiste a presentar sus alegatos ante Conatel, reiteró la comunicadora social, “porque esa es la actitud de la oposición: negar la institucionalidad, retar la institucionalidad. Es la matriz de que en el país no hay gobierno ni instituciones”.
A Arizmendi le llama la atención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya pronunciado contra Venezuela en tiempo récord, y todavía no haya abierto la boca para condenar “los obstáculos que tienen los periodistas en Haití por parte de los militares estadounidenses”. La misma pregunta que se haría cualquier periodista en su sano juicio. ¿Qué responde la CIDH?
T/ Vanessa Davies
F/ Yoset Montes, Ubaldo Zabala
Caracas
Venevisión se defiende
El pasado fin de semana, el dueño de RCTV acusó al Gobierno Nacional de buscar “acabarla” para beneficiar a Venevisión. “Usted me está hablando de Venevisión y de Venevisión Plus? Sí, te estoy hablando de ellos”, contestó Granier a un periodista que le formuló la pregunta.
Venevisión no se quedó callada. En una carta fechada el 27 de enero de 2010, enviada a Marcel Granier como Presidente Ejecutivo de Empresas 1BC y director general de RCTV Internacional, el director general y vicepresidente de Venevisión, Eduardo Salinas, rechazó las opiniones de Granier. Salinas recordó el comunicado de las cámaras que agrupan a las cableoperadoras, en el cual dicen que “han detectado que determinados servicios de producción nacional audiovisual no han cumplido con las normas impuestas por el ordenamiento jurídico vigente ni realizado la notificación prevista en la Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual”.
“Una vez más usted ha insistido en tratar de denigrar a Venevisión y a Gustavo Cisneros (dueño de Venevisión) sin prueba alguna; su modo de acusarnos es irresponsable y, paradójicamente, tiene un asombroso parecido a las prácticas de los enemigos de la libertad que, desconociendo las instituciones y las prácticas del derecho, pretenden difamar y enlodar la reputación de personas y organizaciones”, asevera Salinas.
“Dentro de ese marco, es muy lamentable, como nos tiene ya acostumbrados, que tenga que echar mano al ataque y al descrédito de sus competidores”, refutó a Granier.
Con respecto a RCTV, añade, “Venevisión no ha sido más que un competidor. Y ello no puede confundirse nunca, bajo circunstancia alguna, con las actuaciones de los organismos reguladores. Sus insinuaciones no sólo son indignas, sino que están fuera de la realidad”.
Venevisión, aseguró, “está exclusivamente dedicada a su actividad como empresa: darle cabida a todas las expresiones del pensamiento y la política, en el marco de un canal de televisión que se ha especializado en el entretenimiento”.
La famosa reunión entre Hugo Chávez y Gustavo Cisneros, realizada en el año 2004 con la mediación del ex presidente de Estados Unidos, James Carter, también salió a relucir en el discurso de Marcel Granier y en la respuesta de Eduardo Salinas. El directivo de Venevisión rememoró el comunicado del Centro Carter, en el cual se reseñaba -sobre el encuentro Chávez-Cisneros- que “hubo un compromiso mutuo de honrar los procesos constitucionales y apoyar futuras conversaciones entre el gobierno de Venezuela y los medios de comunicación social, con el fin de asegurar el clima más adecuado para el proceso constitucional del Referendo”. Los participantes en la reunión también conversaron sobre la necesidad “de un diálogo nacional”, acota el comunicado. Cisneros, por su parte, desmintió que el objeto fuese llegar a un pacto. Pero para el propietario de RCTV, todo lo que ocurre con su canal es producto de esa reunión celebrada en el año 2004.