Las estructuras modernas de justicia penal en buena parte del mundo han dejado a las personas víctimas del delito y del abuso de poder en una condición que bien podemos considerar de olvido e invisibilidad. Los mecanismos de nuestros sistemas penales han puesto suma dedicación a la atención de las necesidades y requerimientos vinculados con el debido proceso para los acusados.
Sin embargo, las víctimas, quienes han padecido los efectos perversos de la violencia en sus diferentes formas y modalidades, sea por acción de particulares o del propio Estado, no siempre reciben igual atención en función a satisfacer sus necesidades y derechos.
Claro ejemplo de esto lo vemos con las víctimas de las guarimbas, que hoy organizadas en un comité exigen respeto, reconocimiento y justicia por parte de la comunidad internacional (léase especialmente el sistema ONU).
Mientras la mediática palangrista sigue fiel a los intereses de los victimarios, remachando la idea que la “víctima” aquí son el ultraderechista Leopoldo López y los artífices de la demencial estrategia llamada “la Salida”, las verdaderas víctimas (las que están enterradas y las que sobreviven) quedan invisibilizadas y doblemente victimizadas por la imposición de esas matrices sesgadas, repetidas por los medios y por ciertas ONG dedicadas al lobby permanente en las esferas internacionales, tontas útiles de los intereses más reaccionarios de la godarria venezolana y de sus patrones extranjeros.
El reconocimiento de las víctimas ha sido y es tema de debate internacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder (Resolución de la Asamblea General 40/34, Anexo, 29/11/85) se aprobó por consenso y se convierte en reflejo de la decisión colectiva que asume la comunidad internacional de cara a restablecer el equilibrio necesario entre los derechos fundamentales de los sospechosos y delincuentes y los derechos e intereses de las víctimas.
Las víctimas de la violencia guarimbera tienen derecho a recibir el debido reconocimiento por su condición y ser tratadas con respeto y dignidad en toda instancia y espacio (eso incluye la ONU). Estas víctimas de la violencia tienen derecho a los diversos mecanismos judiciales, sociales, médicos, psicológicos y de otras índoles que les permitan recibir una pronta reparación del daño y las pérdidas sufridas.