El diputado William Ojeda (UNT), vicepresidente de la Comisión de Régimen Penitenciario y Libertad de Cultos de la Asamblea Nacional, juzgó como positivas la iniciativa de los tribunales móviles y dijo que los apoyará.
“Es una iniciativa positiva. Yo espero reunirme con la presidenta de la comisión (Yelitza Santaella) y los demás integrantes pronto para de inmediato estimular las soluciones correspondientes ante los entes del Estado”.
Ojeda aseveró que centrará su desempeño como vicepresidente de esta comisión en el artículo 272 de la Constitución Nacional, “donde está claramente expresado lo que debe hacerse en materia penitenciaria y las características que debe tener el régimen penitenciario”.
Sobre los tribunales móviles, un proyecto del Tribunal Supremo de Justicia que realiza juicios en los propios centros penitenciarios, el diputado de Un Nuevo Tiempo dijo que pasaban “porque haya seguridad en los penales para que los jueces y fiscales puedan presentarse y avanzar ante el atraso descomunal que hay”.
“Hay 48 mil personas privadas de libertad hoy en Venezuela, de los cuales 14 mil están penados; el resto, 34 mil, se encuentra esperando decisión. Eso es terrible. Y la mayoría de ellos está fuera de lapsos. Es verdad que esos ciudadanos le faltaron a la sociedad, pero el Estado no deben violentar sus derechos. Debe procesarlos debidamente”.
“PREFIERO NO MENCIONARLOS”
-Usted fue precisamente víctima de un sistema judicial que lo sentenció expresamente en 1996, por lo tanto le es un tema sensible.
-Totalmente, es un tema que me es una preocupación.
-Por cierto, su caso fue citado por diputados del PSUV…
-Y por el Presidente de la República.
¿Puede recordarse a la nuevas generaciones qué fue lo que sucedió?
-Yo tengo una preocupación central en torno al sistema judicial en una sociedad, porque es el sistema inmunológico del cuerpo social, es la instancia que dice qué es bueno y qué es malo. Si eso está pervertido, dañado, todo lo está. Observaba el tema de las tribus judiciales con mucha preocupación y me dediqué a analizar lo medular de un sistema de justicia y luego a describir, incluso con nombres y apellidos, las tribus judiciales y cuáles eran las interrelaciones entre ellas, el entramado de intereses entre ellas.
-Y salió el libro ¿Cuánto vale un juez?
-Eso produjo el libro, que fue un ejercicio profesional del periodismo.
-¿Quién le denunció?
-Me denunciaron más de cinco jueces en varios tribunales al mismo tiempo y me llevaron a un juicio exprés; me solicitaron que claudicara en torno a la información que contenía el libro y yo mantuve la posición de defensa. Fui condenado a tres años de prisión y estuve detenido casi un año y el presidente de entonces, Rafael Caldera, me indultó.
-¿Recuerda los nombres de los jueces?
-Sí, pero prefiero no mencionarlos.
-Hubo una gran presión popular para que le liberaran…
-Sí, cómo no, una gran presión popular. Personas como Darío Vivas estuvieron al frente de eventos populares en los que se reclamaba mi libertad. Eso me da hoy a mí autoridad moral para hablar con mucha preocupación sobre los entuertos del poder judicial.
-La periodista Marta Colomina le lapidó por el libro…
-Sí, recuerdo eso y también las palabras de Earle Herrera reivindicando la posición crítica en torno al poder judicial.
-¿Hoy hace la misma causa política don esos cinco jueces que te acusaron?
-Hago causa política con los mismos valores, con las mismas posturas y mismas banderas: un poder judicial imparcial, equilibrado, responsable, como está escrito expresamente en el artículo 26 de la Constitución Nacional, del que me siento plenamente orgulloso en haber contribuido a co redactar junto a juristas de la talla de Elio Gómez Grillo, por ejemplo. Mi posturas de entonces son idénticas a la de ahora. Creo que el poder no debe mancillar al sistema judicial. Creo que otros se han desviado.