El Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado entregaron este martes un documento en rechazo a la nueva posición de la Cancillería colombiana quien pide que el político de la ultraderecha, «Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible».
En el texto, el Comité rechaza la posición del país neogranadino quien apoyó las declaraciones injerencistas del ex presidente colombiano Andrés Pastrana sobre la situación en Venezuela y la solicitud de liberación de Leopoldo López, a través de un comunicado.
A continuación el comunicado presentado ante la cancillería de Colombia:
Señor
RICARDO LOZANO
Embajador de la República de Colombia en Venezuela
Su Despacho.-
Nosotras y nosotros, integrantes del “Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado”, en nuestra condición de víctimas y familiares de víctimas de la violencia política ocurrida en los sucesos de abril de 2013 y febrero a junio de 2014, nos dirigimos a usted a los fines de expresar nuestro rotundo rechazo al pronunciamiento realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia el 26 de enero de 2015, en el cual expresa su deseo de que “Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible”.
En este sentido, como víctimas de las acciones impulsadas por Leopoldo López, lamentamos profundamente que el Gobierno de Colombia haya proferido tan desacertadas declaraciones, sin disponer de toda la información ni escuchar a los familiares de los fallecidos y lesionados en los hechos de violencia de 2013 y 2014, favoreciendo así a quienes incitaron y promovieron acciones violentas y vandálicas que afectaron los derechos humanos de quienes habitamos en la República Bolivariana de Venezuela.
En este marco, queremos recordarle a las autoridades del Gobierno de Colombia que los hechos de violencia planificados, organizados y dirigidos por Leopoldo López, junto a otros actores como los exalcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, causaron 43 personas fallecidas y 878 lesionados, así como la afectación de instalaciones educativas, centros de salud, locales de acopio y distribución de alimentos, entre otras edificaciones destinadas a la garantía de los derechos humanos.
Señor Embajador:
Colombia se ufana nacional e internacionalmente de su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Además, su país conoce en detalle las terribles consecuencias que genera para la sociedad el uso de la violencia con fines políticos. Por ello, resulta incomprensible que su gobierno se preste para procurar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que son responsabilidad de Leopoldo López, como parte de una estrategia violenta para la conquista del poder político.
Además, señor embajador, a lo largo de las últimas décadas, nuestro pueblo ha brindado todo su apoyo a los millones de compatriotas colombianos que han cruzado la frontera en búsqueda de la paz y seguridad que ninguno de los gobiernos de su país les ha podido asegurar, en el marco del escenario de violencia que caracteriza el conflicto armado que vive esa nación. Sepa usted y sus autoridades que como esposas, madres, padres y hermanos que perdimos a nuestros familiares producto de la violencia política estamos empeñados en evitar que un escenario como el que vive su país se instale en nuestra patria.
En virtud de ello, exhortamos a las autoridades del Gobierno de Colombia a que eviten la instrumentalización política de los derechos humanos y a no ser coparticipes de los actores políticos venezolanos que buscan silenciar y tergiversar los hechos de violencia y odio desbordado que vivió Venezuela durante el período de febrero a junio de 2014, incluyendo las violaciones a los derechos humanos de las cuales hemos sido víctimas.
Finalmente, como víctimas y familiares de víctimas de los hechos de violencia impulsados por Leopoldo López y otros dirigentes políticos del país, consideramos que las actuaciones de las autoridades del Gobierno de Colombia deben estar orientadas a garantizar la determinación de las responsabilidades y aplicación de las sanciones penales a los graves hechos de violencia impulsados por estos ciudadanos.