La exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo, vuelve a declarar este lunes luego que lo hizo durante ocho horas el viernes y solicitará una nueva autopsia como querellante en la causa.
La investigación en torno a la dudosa muerte de Nisman sigue siendo hoy centro de cobertura de la prensa argentina, mientras la oposición en particular desde los partidos Frente Renovador y Propuesta Republicana lanzan cada vez más venenosos dardos contra el Gobierno.
Desde su llegada al país, el día siguiente a la muerte de Nisman, la madre de sus dos hijas se encargó de llevar adelante la estrategia judicial de la familia.
La letrada mantuvo dos reuniones informativas con la fiscal del caso Viviana Fein, y finalmente declaró el viernes durante ocho horas, aunque se desconoce en realidad qué trataron en el encuentro.
En declaraciones que publica hoy el diario El Cronista, Arroyo dijo que hay cuestiones que le preocupan acerca de la pesquisa y por ese motivo solicitará que se le realice una nueva autopsia al cadáver.
Tanto la familia de Nisman como su expareja no comparten la teoría del suicidio, que por ahora respalda la fiscal a cargo del caso. Los allegados del fiscal sostienen que no existían motivos para que él tomara esa decisión.
La presidenta Cristina Fernández tampoco se inclina por la hipótesis suicida, sino que al procurador lo usaron en vida para armar un complot contra el Gobierno y después se convirtió en una pieza descartable y lo eliminaron.
Nisman lanzó una imputación contra el Ejecutivo de tratar de encubrir la supuesta participación de Irán en un atentado en 1994 a una asociación judía argentina, a cambio de petróleo.
En una vertiginosa cadena de acontecimientos, el finado suspendió un viaje turístico con su hija a Europa, regresó a Buenos Aires el lunes 12, el miércoles 14 lanzó la insólita denuncia y el sábado 17 muere de un tiro en la cabeza.
Su imputación y muerte le vinieron de anillo al dedo a la oposición para intensificar una estridente campaña política y mediática contra el proyecto popular nacional que impulsa Fernández.
El titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez sostiene que la jefa de Estado «es víctima de un accionar mafioso», mientras el gobernador de Entre Rios, Sergio Urribarri, opina que hay una intentona golpista desde el Poder Judicial con apoyo de elementos antidemocráticos del servicio de Inteligencia.
Mientras, algunos sectores de la oposición están desbocados, señala el diario Tiempo Argentino. Incluso, algunas voces en su desaforado ataque llegan a llamar monstruo a la Presidenta y dicen que el país está al borde de vivir bajo un Estado policial.